El elevado coste de la vivienda resultó fatal ayer para Jordi R.F. Este hombre, de unos 50 años, pagó el más alto precio que se puede abonar por una casa: su vida. El inquilino, que vivía con María, su actual pareja, se arrojó al vacío desde la ventana del piso 10º-2ª, la última planta, del bloque número 7 de la calle de las Camalias del barrio de Sant Ildefons de Cornellá de Llobregat (Barcelona) cuando la comitiva judicial iba a desahuciarle por impago del alquiler.
El Ayuntamiento de Cornellá ya había remitido al juzgado tres informes sobre la situación de «grave vulnerabilidad» de la pareja. El consistorio «estudiará la posibilidad de emprender alguna acción contra el propietario del inmueble», según declaró la teniente de alcalde de Educación y Política Social, Montse Pérez. El miércoles, un día antes de la fecha fijada para el desalojo, se envió al juzgado el tercer informe explicando «el grave riesgo de exclusión social» y solicitando de nuevo el aplazamiento.
Jordi, electricista de profesión, vivía de alquiler, desde hace unos ocho años, junto a María. Los dos tenían nacionalidad española. Sobre las 10.30 horas la comitiva judicial, acompañada por los Mossos d’Esquadra, se personó en la vivienda para desalojarlos. Jordi les impidió el paso. En una segunda intentona respondió a la llamada, pero les pidió a las personas que aguardaban en el rellano que esperaran un momento antes de abrirles. Entonces, desde el interior del piso se escucharon los gritos de María: «Se ha tirado, se ha tirado».
Desde enero el inquilino había sido apercibido en varias ocasiones pero ni compareció ni solicitó abogado de oficio.
El piso donde iba a ser desahuciado Jordi formaba parte de la cartera de activos inmobiliarios dudosos Quasar que pertenece al Banco Santander (49%) y al fondo inmobiliario Blackstone (51%).
