La ley de regulación del juego se gestó en el 2011, en la última etapa con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, pero entró en vigor y fue desarrollada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, integrado por Rafael Catalá, que trabajó para uno de los gigantes del sector en España, Codere, empresa que a su vez fue asesorada por el despacho que en su momento fundó Cristóbal Montoro, quien en el 2018 rebajó del 25% al 20% el impuesto de actividades a operadores on line.

En la gestación de la ley hubo importantes «presiones» por parte de los lobis, teniendo en cuenta que hasta ese momento las casas de apuestas por internet era alegales en España, pero por el contrario sí operaban consorcios internacionales que no tributaban y hacían una competencia desleal al juego presencial.

El resultado final de la ley depende de quién lo juzgue. Según el profesor universitario experto en adicción al juego Mariano Choliz, es una legislación «más favorable a las empresas que al ciudadano», ya que regula una actividad con riesgo para la salud, la ludopatía. En su opinión, para prevenir este problema, «debería reducirse la oferta y ser más estrictos a la hora de acreditar» quién es el jugador. «Nuestro país es uno de los que tiene más oferta y más fácil acceso», concluye.

Sin embargo, según la percepción de Álex Barberá, consultor legal y especialista en los eSports, es una legislación «equilibrada», con elementos «garantistas» para los usuarios pero también «beneficiosos» para la industria.

Algunas de sus disposiciones legales, como la gestión del alta de los jugadores y la limitación de la cantidad que se puede apostar está siendo copiada por el Reino Unido y ha servido de modelo a países como Colombia, según Mikel López, presidente de Jdigital, asociación de operadores digitales. Y eso que se aprobó en un tiempo récord, solo tres meses.