Primera reacción de la Conferencia Episcopal Española (CEE) después de la cumbre por la Protección de la Infancia celebrada entre el 21 y el 24 de febrero en el Vaticano. Su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, que fue uno de los 190 líderes religiosos convocados por el papa Francisco a un encuentro celebrado para ser un punto de inflexión en la peor crisis que vive la institución en su milenaria historia, aseguró ayer que el organismo eclesial que dirige «no encargará» a las diócesis un informe sobre los casos de pederastia que han podido ocurrir en el seno de la Iglesia católica. Alegó que no va a hacerlo porque «no tiene autoridad».
Tres días después de la cumbre en el Vaticano, y a pesar de ser cierto que la conferencia -que funciona como un órgano colegiado que debe respetar la autonomía de cada diócesis- no tiene autoridad para dar órdenes a los obispos españoles, causó cierta sorpresa que Blázquez se mostrara tan tajante y ni siquiera animara a las respectivas diócesis españolas a escarbar por su cuenta en el pasado para confirmar si se produjeron casos de abusos sexuales en su seno.
El cardenal aseveró que está a la espera de recibir del Vaticano las normas de actuación frente a los casos de abusos sexuales a menores, que aún se están elaborando tras la cumbre de Roma y que serán comunes para toda la Iglesia católica. Blázquez comentó que pronto recibirán esas «normas concretas», no solo orientaciones, «de las que los obispos van a ser examinados». «Las normas, si se quebrantan, se piden cuentas, y con las orientaciones es más difícil», subrayó el cardenal, para dejar claro que las conclusiones del encuentro sí obligarán a las diócesis, una condición que los activistas y las víctimas de abusos desplazadas a Roma habían solicitado estos días.
No obstante, lo que esperaban asociaciones como la ECA (Ending Clergy Abuse) o SNAP (Surviver Network of those Abused by Priest) es que tales normas fueran un llamamiento a denunciar ante la justicia civil a los sacerdotes culpables y expulsarlos de la Iglesia. Sean las que sean las normas que acaben llegando del Vaticano, no serán tan contundentes, algo que implicó que la cumbre eclesial se acabara cerrando el fin de semana con la frustración manifiesta de las víctimas.
Por tanto, y a la espera de estas directrices de Roma, la Iglesia española no va a tomar por su cuenta ninguna medida nueva para abordar la problemática de la pederastia. Blázquez sí explicó que no se va a volver a repetir «un procedimiento que se pensaba que podía dar resultado y se ha visto que no», como es el traslado de los abusadores a otras diócesis. En realidad, esta estrategia ha sido históricamente el eje de la ocultación de la Iglesia y de la propagación de la pederastia hasta convertirla en una epidemia. «Un problema de pederastia no se cura con un traslado, una cuestión de este estilo no se cura solo económicamente, estamos tratando de relaciones personales heridas, profundamente heridas», señaló el prelado.
COLABORACIÓN
También confirmó que las diócesis, en el caso español, siguen dispuestas a colaborar con la justicia a través de denuncias al ministerio fiscal de casos de abusos, tal como solicita el Vaticano. Además, pidió que, cuando esto suceda, se debe respetar la presunción de inocencia del supuesto abusador, porque «no es bueno que desde el momento en que hay una denuncia aparezca uno ante la sociedad como condenado».
Del encuentro de Roma, el cardenal destacó que supuso un «sí inequívoco a las víctimas, a sus familias y a la colaboración con las autoridades del Estado» y un «no» a los abusadores, a los encubrimientos, al silencio cómplice y al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia.
El prelado valoró los encuentros con las víctimas, que han ofrecido una narración «suscitadora de lágrimas, con la capacidad de sugerencia de lo que para ellas había significado el destrozo personal, algunas hasta la muerte de su fe. Era estremecedor escuchar, con un respeto inmenso, a los que nos contaban una historia a veces espeluznante».
