El fenómeno de los másteres, en entredicho por el título fantasma de Cristina Cifuentes, empezó con el llamado plan Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior), un acuerdo impulsado por las universidades europeas para modernizar el sistema y hacerlo homologable para facilitar el intercambio de estudiantes. El grado sustituyó a las licenciaturas y diplomaturas, el máster suponía una especialización de un año (60 créditos) o dos (120) y al doctorado se accedía tras el máster específico. La paradoja es que mientras la mayoría de los países aplicaron el 3+2 (tres años de grado y dos de máster), España optó por ir a su bola, es decir, decididó que iba a apostar por el 4+1 unilateralmente.
«La cada vez mayor movilidad de alumnos acentúa el desajuste y ahora la tendencia es que se hagan grados más cortos y más másteres», sostiene Albert Sangrà, doctor y profesor de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC). Pero el giro hacia el 3+2 no es fácil. «Se tendrá que replantear la financiación. Es muy complejo, con sus pros y sus contras».
¿ES UN NEGOCIO? / La titulitis y los precios más elevados de los másteres respecto de los grados han despertado suspicacias sobre la mercantilización de la universidad. ¿Es un negocio la proliferación de másteres? «Para algunos obviamente sí, pero no hay que generalizar. Los centros privados buscan beneficios y los públicos, ser sostenibles», concede Sangrà. En cualquier caso, el precio debe estar justificado y, a su juicio, «hay una gran certeza de la calidad de los títulos oficiales, que pueden ser tanto de universidades públicas como privadas».
De acreditar las enseñanzas oficiales de las universidades se encarga la entidad estatal Aneca que vela porque se cumplan unos estándares mínimos. Josep Joan Moreso, por su parte, es el presidente de la AQU (Agencia por la Calidad del Sistema Universitario), que hace ese mismo trabajo en Cataluña. «Los expedientes son sagrados y casos como el de Cifuentes, en el que se presupone una posible conspiración entre los responsables académicos y administrativos, no son admisibles», sentencia.
El calificativo de universitario acompaña a los másteres regulados pero también existen los llamados posgrados propios (no oficiales) que no pasan ningún proceso de acreditación, una asignatura pendiente, convienen Moreso y Sangrà, pues deberían someterse a similares criterios de calidad.
En la misma línea se expresa Vera Sacristán, directora del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), para quien la mayoría de estos posgrados no regulados tienen un «objetivo económico». No es el caso, en su opinión, de las titulaciones oficiales de centros públicos, donde los «másteres supercaros son minoría». La calidad, considera que es «muy variable». «En general los oficiales son serios, especialmente los orientados al doctorado y los habilitantes, necesarios para ejercer la profesión».
SISTEMA COMPETITIVO / La explosión de estudios superiores es consecuencia, según Sacristán, de «un sistema competitivo para intentar atraer a más estudiantes, pero no significa que acabe beneficiando a las instituciones públicas». El problema, subraya, es que ese exceso, mayor en los grados que en los másteres, provoca «un desconcierto» en el alumnado. Una empanada de titulitis inexistente antes del plan Bolonia, cuando el ministerio fijaba los estudios. «Falta planificación, no está claro que esté justificada tanta variedad», afirma la experta, que destaca el descenso de másteres oficiales en España en el último año, síntoma de una rectificación. Así, según las estadísticas del ministerio, en el 2017-2018 se registraron 3.540 másteres oficiales (2.780 públicos y 779 privados), una cifra que está por encima de la que se puede consultar de hace apenas unos años.
¿Pero son necesarios? El presidente de la AQU admite la inflación de másteres y reclama adecuar la oferta a la demanda. «Muchos profesores e investigadores ofrecen estudios para especializaciones y estas pueden ser infinitas», apunta. Lo que los datos avalan es la relevancia de contar con esa titulación para el ingreso en el mercado laboral. «Según nuestra última encuesta, el paro de los másteres es inferior al 5% mientras que el de los que son solo graduados se eleva casi al 9%». Además, el 70% de los másteres consiguen trabajar de lo suyo. Sin embargo, «la satisfacción es mayor en los grados que en los másteres, lo que demuestra que hay que calibrar mejor esa enseñanza».
Moreso corrobora el «desacierto» de ir a contracorriente de Europa con el 4+1 y sugiere el porqué. «Cuando se estableció la medida la mayoría de los rectores fuimos a intentar convencer a la ministra de entonces, Mercedes Cabrera, para que rectificara. No hubo manera. Pienso que tenían miedo de que las antiguas licenciaturas de cinco años al pasar a tres se sintieran devaluadas», argumenta. El desfase empieza a corregirse en algunos nuevos grados, pero en las carreras tradicionales los rectores han acordado mantener el 4+1.
El trasvase al 3+2 debería comportar un reajuste de las tasas, expone Moreso, equiparando el precio del primer año de máster al de grado.
Las tarifas se establecen por créditos, oscilando desde el 30,88 euros a 41,17 según las rentas familiares. El 85% de los másteres tienen 60 créditos (un año), y el resto, 90 o 120, lo que se traduce en precios que se disparan a 3.000 o 4.000 el máster público de un año (de 5.000 a 6.000 o incluso más el privado), mientras que el grado se sitúa entre 1.700 y 2.500 euros. Una diferencia de precio que es algo que también hay que abordar.
Los precios para los estudiantes extracomunitarios son superiores. No es cuestión de subvencionar a los ricos de México o Estados Unidos, justifica Moreso. Capítulo aparte son las enseñanzas en las elitistas Esade e IESE para la formación de directivos, que pueden rondar los 60.000 euros. En todo caso, el prestigio del centro, afirma, es un valor añadido que acaba repercutiendo en el precio de la matrícula y que, eso también hay que tenerlo en cuenta, sube la media de los precios.
