España está a la cabeza de los países ricos en consumo de antibióticos, sin que haya una razón epidemiológica que lo explique. Es, asimismo, la décima potencia mundial en consumo de antidepresivos y tranquilizantes, sin que se haya constatado que la depresión o los problemas mentales están más arraigados entre los españoles. Hay varios motivos que explican estas cifras pero la llamada medicalización del malestar, es decir, que ante cada problema médico, se recete un fármaco sin buscar una solución alternativa, por falta de medios, de tiempo u otras razones, entre las que se podría citar las opacas relaciones entre la industria y los médicos, tiene bastante que ver, según reconocen los propios facultativos.
Frente a este problema y el desorbitado precio de los nuevos medicamentos, que están provocando un alto incremento del gasto farmacéutico que pone en peligro la sostenibilidad del sistema, 17 organizaciones en defensa de la sanidad pública, con el apoyo de la Organización Médica Colegial, presentaron este martes una iniciativa legislativa popular bautizada con el nombre de Medicamentos a un precio justo. Si la Mesa de la cámara baja la admite a trámite, disponen de nueve meses para recoger las 500.000 firmas que permitan su debate en las Cortes.
El fondo
Aunque el objetivo principal de la iniciativa no es racionalizar la prescripción médica, sus promotores creen que sí que se podría evitar la sobreprescripción con las siguientes medidas. Por un lado, la creación de un fondo con el que financiar actividades de formación de los profesionales del sistema nacional de salud, de forma que la realización de ensayos clínicos, la publicación de artículos, las becas de investigación o la asistencia a congresos por parte de estos facultativos no dependan de la industria farmacéutica, para evitar la tentación de cualquier empresa de presionar a los médicos para que receten determinado fármaco.
Las personas o entidades beneficiadas se contempla también a las asociaciones de pacientes- que quieran recibir ayudas de este fondo, tendrían que renunciar a recibir cualquier patrocinio de la industria privada.
LOS PAGOS
Además, la iniciativa legislativa popular propone introducir transparencia en las relaciones entre sanitarios y farmacéuticas de forma que las transferencias realizadas por cualquier persona, física y jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción o dispensación de medicamentos o productos sanitarios se hagan públicas. Y en los artículos científicos se hará constar de forma detallada las fuentes de financiación recibidas, con el fin de evitar posibles conflictos de intereses.
La intención de racionalizar la prescripción no sólo está relacionada con una reducción del gasto farmacéutico, según explicó Marciano Sánchez Bayle, de la Asociación en defensa de la sanidad pública, en la presentación de la iniciativa, sino también con la necesidad de aminorar los efectos indeseados o secundarios de los fármacos, como las resistencias a los antibióticos, que se está convirtiendo en un problema de salud de primera magnitud.
En Estados Unidos los efectos adversos de los medicamentos suponen la tercera causa de mortalidad y en España no se ha identificado aún pero, en su opinión, también causan un alto número de fallecimientos.
