España está a la cabeza de los países ricos en consumo de antibióticos, sin que haya una razón epidemiológica que lo explique. Es, asimismo, la décima potencia mundial en consumo de antidepresivos y tranquilizantes, sin que se haya constatado que los problemas mentales están más arraigados entre los españoles.

Hay varios motivos que explican esta situación, pero la llamada medicalización del malestar, es decir, que ante cada problema médico se recete un fármaco sin buscar una solución alternativa, por falta de medios, de tiempo u otras razones, entre las que se podría citar las opacas relaciones entre la industria y los médicos, tiene bastante que ver, según reconocen los propios facultativos.

Frente a este problema, los promotores de la iniciativa legislativa popular presentada ayer para frenar el precio de los medicamentos proponen varias medidas que podrían servir también para evitar la «sobreprescripción», según exponen en la exposición de motivos. Entre ellas, la creación de un fondo con el que financiar actividades de formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, de forma que la realización de ensayos clínicos, la publicación de artículos, las becas de investigación o la asistencia a congresos no dependan de la industria farmacéutica, para evitar la tentación de las empresas de presionar a los médicos para que receten determinados fármacos.

Las personas o entidades beneficiadas -se contempla también a las asociaciones de pacientes- deberán renunciar a recibir cualquier patrocinio de la industria privada.

Además, la iniciativa propone introducir transparencia en las relaciones entre sanitarios y farmacéuticas, de manera que «las transferencias realizadas por cualquier persona, física y jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción o dispensación de medicamentos» se hagan públicas. Y en los artículos científicos «se hará constar las fuentes de financiación», con el fin de evitar posibles conflictos de intereses.

La intención de racionalizar la prescripción no solo está relacionada con una reducción del gasto farmacéutico, según Marciano Sánchez Bayle, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, sino también con la necesidad de aminorar los efectos indeseados de los fármacos, como las resistencias a los antibióticos, que se está convirtiendo en un problema prioritario.