El Ministerio del Interior va a rechazar la petición de dotar a los funcionarios de prisiones de pistolas táser, armas eléctricas de defensa capaces de provocar descargas de hasta 50.000 voltios, que le había trasladado la pasada semana el sindicato CSIF, mayoritario en las mesas de negociación de Instituciones Penitenciarias, según ha podido saber este diario.

Los motivos para no dotar a los trabajadores de las cárceles de las pistolas eléctricas son dos, según las fuentes consultadas. «No creemos que sea buena idea meter armas en prisión, por una cuestión básica de seguridad», indican las esas fuentes, que señalan también a los posibles riesgos para la salud de los presos. «No está claro que las descargas eléctricas que dan esas pistolas sean inofensivas para quienes las reciben».

La semana pasada, el sindicato CSIF envió una petición a Interior en la que advertía del «aumento de reclusos que son potencialmente muy peligrosos o de peligrosidad extrema» en las cárceles españolas. Denunciaba el «aumento de agresiones» que vienen sufriendo los funcionarios penitenciarios y pedía «abandonar la pasividad, la resignación y el buenismo».

La ley penitenciaria actual permite a los trabajadores de las cárceles usar medios coercitivos cuando sufran actos violentos. Entre ellos están defensas de goma, aerosoles y esposas. CSIF considera que se trata de «medios del siglo pasado» y defiende añadirles «un medio defensivo eléctrico susceptible de incapacitar a un sujeto que dé muestras de agresividad o violencia inusual y una feroz resistencia», en alusión a las pistolas eléctricas.

Al apretar el gatillo de una táser se disparan proyectiles con agujas que penetran en la piel de quien recibe la descarga. La corriente eléctrica hace inmovilizar casi inmediatamente al objetivo y provoca dolor.

Fuentes de Interior desmintieron el aumento de agresiones en las cárceles esgrimido por los sindicatos como argumento para meter las táser en las prisiones . «Se han reducido en un 50% en los últimos ocho años», aseguran, y recuerdan que los funcionarios de las cárceles de otros países europeos no llevan esas armas eléctricas como defensa. Solo en algunos centros federales de Estados Unidos se utilizan habitualmente. Amnistía Internacional se opone a su uso y denunció que más de 500 personas habían muerto en diez años tras recibir descargas de taser en Estados Unidos.

El uso de las pistolas táser está autorizado en policías locales de unos 200 municipios españoles desde el año 2014. También pueden usarla algunas unidades de la Ertzaintza, los GEO de la Policía Nacional, y desde el año pasado, los Mossos d’Esquadra. El Parlament aprobó su uso, pero lo prohibió expresamente para las cárceles catalanas. Además, en las comisarías de los Mossos debe haber un desfibrilador por cada táser por si la descarga eléctrica produce paradas cardiacas o arritmias en la persona que las reciba.

El policía o funcionario que use la taser debe apretar el gatillo solo una vez y durante no más de cinco segundos, de lo contrario, la descarga eléctrica puede provocar graves daños en las personas.