Quiso el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, mostrar a los diputados de la comisión de Interior del Congreso el estado en el que quedó el casco, chaleco y escudo de uno de los 67 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que el pasado 22 de marzo resultaron heridos al término de las Marchas de la dignidad celebradas en Madrid. El deterioro de los tres elementos policiales sirvieron para ejemplarizar ante la Cámara "la violencia sin precedentes" con la que actuaron ese día "un millar" de radicales. Las cuatro horas de comparecencia no aclararon cómo en el despliegue policial más importante de los últimos dos años, con 1.500 agentes, el grupo Puma-70 quedó aislado en el paseo de Recoletos a merced de los violentos. Cosidó aseguró que el dispositivo fue "correcto" y solo admitió "algunos fallos de coordinación y comunicación". Y anunció el cese del inspector Francisco Javier Virseda, responsable del grupo primero de las UIP, es decir de los antidisturbios de la comunidad de Madrid, salvando al responsable del dispositivo y jefe de todos los antidisturbios, el comisario José Miguel Ruiz Igusquiza.

"¡QUIETOS!" Esos "errores" en la coordinación y en la comunicación entre los distintos operativos impidió "que llegara a los mandos las informaciones adecuadas" durante los incidentes. Y negó rotundamente que se hiciera el silencio en la emisora de la policía tras las peticiones de auxilio desesperadas del grupo que estaba recibiendo el acoso más violento de los radicales.

Las grabaciones de esas conversaciones filtradas tras los incidentes pusieron de manifiesto como el inspector cesado espetó por la emisora: "En las posiciones en las que estamos, estáticos. ¡Quietos!". El inspector se limitó a trasladar a sus hombres la orden recibida por el comisario José Miguel Ruiz Igusquiza. Lo que no se aclaró ayer es si en ese momento, los responsables del operativo desde sus posiciones sabían la situación que estaban sufriendo sus agentes.

Ante la petición del diputado del Partido Nacionalista Vasco, Emilio Olabarria, de "aislar a los radicales", Cosidó relató que durante los disturbios más graves, el paseo de Recoletos estaba lleno de manifestantes "que ejercían pacíficamente su derecho a manifestarse" y que una actuación contundente de los antidisturbios hubiera sido contraproducente por las consecuencias que hubiera provocado.

MEJOR MATERIAL A pesar de haber negado la existencia de fallos en el operativo, Cosidó anunció un "conjunto de medidas" para evitar que se repitan las escenas del 22-M. Entre ellas destaca la compra de nuevo material más resistente para los antidisturbios, y la creación de una nueva unidad "de élite" dentro de la estructura de las UIP con una mayor capacidad de actuación. Este nuevo grupo se movilizará solo en manifestaciones donde haya previsión de disturbios graves y se desplazarán en vehículos mucho más ligeros que las furgonetas actuales. "El modelo se está perfilando todavía", explicó un responsable policial.

Las explicaciones de Cosidó no contentaron a los grupos de la oposición que, coincidiendo con los sindicatos policiales, exigieron el cese del comisario jefe de las UIP. Para algunos, la actuación policial estuvo condicionada por la presencia ese día en Madrid de un grupo de observadores internacionales de la OSCE. "La policía no tiene nada que temer ni que esconder", reiteró en este sentido el actual director de la policía.

DENUNCIA DE LA VIOLENCIA En cualquier caso, Cosidó consiguió el principal propósito de su comparecencia y es que todos los grupos denunciaran la violencia de los radicales, tras insistir en que las Marchas por la dignidad transcurrieron en medio de un total normalidad, y reconocieran el trabajo de los antidisturbios. En las últimas semanas, Cosidó ha dado instrucciones a la policía de incrementar la labor de vigilancia sobre los grupos radicales violentos.