No se ha tratado de una fatalidad, sino de un error humano». Francesco Cozzi, fiscal de Génova, es perentorio cuando ofrece una primera versión oficial sobre el hundimiento de una parte del puente Morandi de la ciudad. Los 200 metros desplomados del tramo urbano de la autopista de peaje A-10 habían causado hasta ayer 42 muertos, 16 heridos, la mayoría de ellos graves, y un número indeterminado de desaparecidos, que podrían ser 10.

Otras 650 personas han tenido que ser desalojadas por un periodo que puede alargarse algunos años de los 11 edificios que se levantan justo debajo del puente. El Gobierno decretó el estado de emergencia en Génova y los alrededores durante los próximos 12 meses. La labor de búsqueda de las víctimas y retirada de escombros prosigue de forma intermitente, ya que el pilón que quedó en pie amenaza con derrumbarse, según han explicado los bomberos. El magistrado Cozzi resume su labor judicial en una sola pregunta: «¿Por qué ha sucedido? Tenemos que responder a esto».

Sin embargo, el Gobierno populista de Roma se ha adelantado a las investigaciones, anunciando su intención de retirar la concesión a Autostrade SA, la concesionaria de la autopista, y de imponerle una multa de 150 millones, aunque es probable que no suceda nada hasta que haya una primera sentencia.

El primer ministro, Giuseppe Conte, avanzó no obstante que no esperarán a ningún fallo judicial: «Revocaremos la concesión a Austostrade. No podemos esperar a la justicia».

BENEFICIOS MILLONARIOS

Luigi Di Maio, vicepresidente del Gobierno por los indignados del Movimiento 5 Estrellas, afirmó que «los responsables son Autostrade», acusando a la concesionaria de «no haber hecho el mantenimiento», por lo que «antes que nada los directivos tienen que dimitir». «La abrogación de las