El decano del Colegio de Abogados de Cartagena y miembro del Consejo General de la Abogacía, José Muelas Cerezuela, es uno de los fundadores de la Brigada Tuitera. Sus activistas le llaman capitán general.

--¿Cómo nació la Brigada Tuitera?

--Con antelación a como ahora se conoce, un grupo de abogados de Cartagena empezamos la actividad en Twitter con este nombre. Tres días antes del 20 de noviembre del 2013, fecha en la que un año antes había sido publicada la ley de tasas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), escribí en la página un llamamiento que titulé Llamada a la tropa. Y decía: "Señores, pueden venir si lo desean, la Brigada se pone en marcha". Seguía: "¿Hacia dónde, mi general?" "Hacia el infierno... o hacia la gloria. Depende del punto de vista". A partir de ese momento empezamos las campañas reivindicativas.

--¿Cuál es el objetivo?

--Hay un triple objetivo: la derogación inmediata de las tasas judiciales, la independencia judicial y una justicia más cercana y con medios. Sobre la independencia del poder judicial, el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, no cumplió el programa electoral del Partido Popular en referencia a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ, órgano de gobierno de los jueces. El PP proponía que ocho de sus miembros se eligieran por y entre los magistrados, y el resto por los políticos. En España hay un empeño en controlar los órganos de los jueces.

--¿Qué proponen sobre la elección de los vocales del CGPJ?

--Cualquier modelo alternativo. En España hay una confusión de poderes. Debe separarse claramente el político del judicial. El Consejo de Europa ha propuesto un sistema paritario: que parte de los vocales sean elegidos por la judicatura y otra por los políticos. No puede ser que la justicia esté en manos de los políticos, porque los jueces son los que igual les tienen que juzgar a ellos.

--¿Cómo valora el estado actual de la justicia?

--Primero, decir que en España no hay ninguna cifra ni estadística fiable. No concuerdan los datos. Lo que sí está claro es que somos uno de los países europeos que tenemos menos jueces por habitante y el estado de los juzgados es bastante lamentable. El presupuesto en justicia apenas da para pagar a los funcionarios. La inversión en la modernización de los juzgados (a nivel estatal) es nula. De los 530 millones de euros que se han recogido en tasas judiciales, ni un céntimo se ha destinado a la justicia. Y con ese dinero se podría haber dotado de más medios a la administración de justicia. También se han eliminado los jueces sustitutos y la acumulación de procedimientos es constante.

--La lentitud...

--En el mal funcionamiento de la justicia puede estar el origen de parte de los males que sufre nuestro país. La única manera de luchar eficazmente contra la corrupción, por ejemplo, es que la justicia funcione a la perfección y que no se tarde años en juzgar casos de estas características. La justicia es el único antídoto contra la corrupción, pero a los políticos solo les importa su control. Están dejando morir a la justicia. Dime cuánto inviertes en justicia y te diré qué voluntad tienes de luchar contra la corrupción. Realmente, no hay una voluntad política para que la justicia mejore.

--¿Soluciones?

--Hay que lograr un pacto nacional por la justicia y llevarlo adelante.

--¿Y las tasas judiciales?

--Nosotros propugnamos la derogación inmediata. La vuelta al sistema anterior. La justicia no se vende: es un derecho fundamental.

--Más propuestas.

--Dejar que continúen trabajando los jueces sustitutos para poder rebajar la acumulación de asuntos que están pendientes y elaborar un verdadero plan informático que permita una auténtica modernización de la administración de justicia. Además, es necesaria una clara, decidida e inteligente inversión tecnológica y la creación de más órganos judiciales de decisión.

--¿Respecto a reformas legislativas?

--Las reformas se suelen hacer habitualmente a golpe de titular de prensa, y no es correcto. Sin embargo, es verdad que debería hacerse una reforma procesal penal ajustada a la realidad de nuestro tiempo pero para proteger los derechos de las personas, no para vulnerarlos. Hace falta la adecuación de las leyes.

--El último proyecto del Gobierno permite a la Policía intervenir los teléfonos en caso de urgencia.

--Es inaceptable, incluso constitucionalmente. La intervención de un teléfono debe estar siempre bajo el control judicial porque afecta a un derecho fundamental.