En seis meses, desde el 1 de enero de este año hasta el pasado 30 de junio, 17.017 víctimas de malos tratos solicitaron una orden de protección a los jueces, la herramienta que permite dictar medidas penales y civiles en un máximo de 72 horas. Los magistrados concedieron 8 de cada 10 peticiones recibidas. Es decir, 13.323. El resto fueron rechazadas por no existir pruebas suficientes para acreditar el maltrato.
Los datos, facilitados ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica, confirman que el 93% de las personas que acudieron a los tribunales en demanda de protección fueron mujeres. El 22% de las víctimas eran de origen extranjero.
Según la estadística, Cataluña es la comunidad en la que más órdenes se pidieron (3.154, de las que se aceptaron el 80%). En el periodo comprendido entre agosto del 2003 --cuando entró en vigor la orden de protección-- y diciembre de ese año, también Cataluña ocupó el primer puesto.
ALEJAMIENTO DEL AGRESOR En el conjunto de España, el cien por ciento de los expedientes admitidos conllevaron una orden de alejamiento del agresor. Sólo en el 7% de los casos, el magistrado encargado del caso optó por decretar una pena de cárcel.
El observatorio --presidido por la magistrada Montserrat Comas, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- constata que durante el primer semestre del 2004 se presentaron un total de 47.592 denuncias por violencia doméstica. El dato supone un aumento del 24% en relación con las denuncias registradas el mismo periodo del 2003.
