El juez de Corcubión que instruye el caso Prestige , Javier Collazo Lugo, ha hecho extensiva la causa a la empresa armadora del buque, Universe Maritime, a la que ha llamado a declarar como imputada en el caso para investigar las posibles responsabilidades penales por el naufragio del petrolero frente a las costas gallegas. Collazo Lugo personifica la responsabilidad de la armadora en la figura de su administrador, Michael Margretis, que en las fechas en las que ocurrió la catástrofe era el director de operaciones de la empresa.

Entiende el juez que, dado el cargo que ocupaba, Margretis tenía poder de dirección sobre el barco, por lo que podía adoptar decisiones estratégicas trascendentes, con aptitud suficiente como para concebir una eventual responsabilidad penal en los hechos.

Con esta decisión, el juez ha estimado el recurso de reforma interpuesto por el ministerio fiscal y al que se habían adherido posteriormente el abogado del Estado y la Plataforma Nunca Máis.

Fuentes de la Abogacía del Estado opinan que existen "claros indicios" de que el armador creó "una evidente situación de alto riesgo para el medio ambiente", pues le hacen responsable del estado estructural del buque, de la cualificación de la tripulación y del empeoramiento de su situación al destinarlo a almacén.