La familia de María Teresa Blanco, que desde hace 20 años sufre ataxia, enfermedad neurodegenerativa que le impide tener autonomía vital, se ha enfrentado al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ante la negativa de los médicos a reanimarla en caso de parada cardiorrespiratoria. Los hermanos de la paciente, con la asistencia de la asociación Abogados Cristianos, han llevado el caso ante la justicia, que ha dictaminado de forma cautelar que sí debe ser reanimada, pues presenta una «evolución clínica favorable», por lo que «no existe razón o justificación, estrictamente médica, o al menos no se expone en los informes remitidos por el centro hospitalario, para dejar de aplicar el tratamiento correspondiente» cuando lo necesite.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

El hospital tiene hasta el lunes para decidir si recurre. Fuentes del centro subrayan que este caso no tiene nada que ver con la eutanasia y que la paciente está siendo tratada en las «mejores condiciones posibles». Los facultativos consideran que dado su estado terminal «la aplicación de otras técnicas agresivas o invasivas» como la reanimación no la beneficiarían y supondrían un «encarnizamiento terapéutico». Y el Colegio de Médicos apoya esta decisión. «El código deontológico es claro: no se puede aplicar ninguna medida que sea fútil cuando no solo no se genera ningún beneficio, sino que además se puede producir un perjuicio como es alargar su agonía», afirma el presidente de la comisión de deontología de la organización médica. José Andrés Cambronero, intensivista jubilado del hospital cuestionado, es de la misma opinión. En declaraciones a este diario, explica que la esperanza de vida de la ataxia es de 20 años, justo el tiempo que lleva padeciéndola Blanco, con lo que a su juicio «no tiene sentido aplicar medidas médicas extraordinarias».

«ESTÁ ESTABLE»

Por el contrario, la portavoz de la familia, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, aseguró ayer que la paciente lleva una «vida digna», quiere «vivir», está «estable» y tiene un «pronóstico de mejoría», con lo que celebró que la justicia les haya dado la razón. La letrada aseguró que los médicos habían dejado de darles información y que les comunicaron que no practicarían la reanimación porque es «muy caro». Castellanos aprovechó para mostrar su oposición a una ley de eutanasia. Según manifestó a los medios, si llega a despenalizarse, enfermos como Blanco morirán en contra de su voluntad.

Pero Cambronero, miembro del colectivo Derecho a Morir Dignamente, señala que mezclar este caso con la eutanasia «no tiene sentido». Y es que el suicidio asistido es para pacientes que no pueden valerse por sí mismos pero que han mostrado su deseo de morir. En su opinión, la situación sí debería servir para que cada vez más gente haga un testimonio vital, del que esta enferma carece.