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CRISIS DE LA LISTERIA

La jueza investigará si Junta y Ayuntamiento tuvieron responsabilidad en el brote de listeriosis

Mantiene a los dueños de Magrudis, la empresa donde surgió el foco, en prisión ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

 

El gerente de Magrudis cierra la puerta de la sede sevillana, ayer. - EFE / DAVID ARJONA El gerente de Magrudis cierra la puerta de la sede sevillana. - EFE

Julia Camacho
16/10/2019

El juzgado de Sevilla que investiga el brote de listeria que este verano dejó provocó tres muertos y siete abortos y dejó a más de 200 personas enfermas analizará también si las administraciones públicas como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento hispalense tuvieron alguna responsabilidad en la virulencia del contagio. También la posible responsabilidad de los laboratorios que analizaron los productos cárnicos comercializados por Magrudis, la empresa que originó el brote. Así se desprende del último auto dictado por la jueza instructora y en el que justifica que los propietarios de la compañía, José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro Marín, continúen en prisión ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Son precisamente los dos investigados quienes, en su recurso contra la encarcelación, pusieron el acento en la supuesta negligencia de las administraciones públicas para desviar su responsabilidad. Ni Gobierno regional ni consistorio, subrayaron ambos encausados, realizaron inspección alguna, y además el Consistorio en las inspecciones de 2016 y 2017 no detectó anomalía alguna. Es más, la investigación posterior al brote permitió detectar que la empresa empezó a funcionar sin tener licencia de actividad ni estar inscrita en los registros sanitarios pertinentes, y que incluso sin argumentos muy claros se redujo el nivel de riesgo otorgado a la empresa, lo que en la práctica suponía espaciar aún más los posibles controles.

Para la jueza instructora, si bien el dueño de Magrudis pretende ahora responsabilizar a los laboratorios y administraciones de lo ocurrido, hecho que sin duda va a ser investigado por este juzgado, es de sentido común que debió adoptar medidas al menos en el mes de febrero de 2019, cuando supo de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechada, pero se limitó únicamente a tirar a la basura el lote contaminado, como él mismo indicó ante este juzgado, según recoge en su resolución.

No adoptó las "mínimas precauciones"

En este sentido, en el auto reprocha a Marín Ponce que no adoptara las más mínimas medidas y precauciones para evitar el resultado que desgraciadamente tuvo lugar, ni puso en marcha un plan para garantizar la seguridad del producto, ni aplicó un plan de limpieza, ni siquiera lo comunicó a sus trabajadores, ni puso en marcha medidas correctoras para restablecer las condiciones adecuadas. Y considera que Marín Ponce no puede tampoco excusarse ahora de lo ocurrido alegando que nadie le informó de las medidas que debía adoptar.

La magistrada rechaza así los recursos contra la prisión preventiva formulada por los dos encausados, y como solicitaron fiscalía y acusación popular, ratifica que ambos continuarán en la cárcel dado que existen indicios racionales de criminalidad que además son incontestables e indiscutibles. Tanto Marín Ponce como su hijo están acusados inicialmente de delitos contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones imprudentes a un número de personas aún no determinado, pero que pudiera ascender a doscientas.

Ante estos indicios, la magistrada considera que es necesario asegurar la presencia de los investigados en el proceso, ya que se infiere la existencia de riesgo de fuga debido a las penas que llevan aparejadas los delitos que se les imputan y, si bien poseen arraigo familiar, ello no anula la existencia del riesgo que entendemos concurre ante la gravedad de los hechos que se le imputan.

Asimismo, justifica su decisión ante la necesidad de evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de pruebas relevantes para el enjuiciamiento, capacidad que poseen pues aún no hemos examinado el contenido de toda la documentación incautada, es necesario practicar multitud de diligencias, oír a otras personas involucradas en los hechos, como su esposa y cuñada, a los trabajadores de Magrudis y de Elaborados Cárnicos Mario la empresa del otro hijo que quedó en libertad, así como oír y examinar la documentación que aporten tanto Microal como Biocontrol, en alusión a los laboratorios que durante este año alertaron a los dueños de Magrudis de la existencia de contaminación por listeria en sus productos. De hecho, subraya la jueza que en algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas a los responsables de la compañía se ordenaba quitar información de la empresa y tirar a la basura unas tarrinas recogidas, es decir, destruir documentos y deshacerse de productos elaborados por Magrudis, sin olvidar la ocultación de información a las autoridades sanitarias en el mes de agosto, por parte de ambos investigados, ya que el día 14 de agosto se le solicita por primera vez información y que faciliten listado de distribución y entregan una lista de clientes incompleta, y con posterioridad, tras nuevos requerimientos, un simple listado de proveedores sin datos de trazabilidad alguna.

   
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