La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará este viernes 6 de marzo el juicio oral por el caso Ausbanc y Manos Limpias con la continuación del interrogatorio por parte de Fiscalía del presidente de la asociación de usuarios de banca Luis Pineda. En el escrito de acusación, el Ministerio Público pide más de 118 años de cárcel para Pineda, casi 25 años para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y 11 años y 11 meses para la abogada Virginia López Negrete.

Están acusados de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero se añade estafa y blanqueo de capitales y se le pide una multa de 10 millones de euros. Fiscalía reclama además la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias.

Ésta será la quinta sesión del juicio, en el que hasta el momento sólo ha respondido Pineda a preguntas de la Fiscalía, después de que se dirimieran las cuestiones previas. Durante las dos jornadas de declaración, el líder de Ausbanc ha negado que extorsionara a las entidades bancarias con las que negociaba y acusó al BBVA -que se retiró como acusación particular antes del juicio- de haber lanzado falsedades contra su asociación.

Previa a la comparecencia de Pineda, su defensa pidió a la Sala que se anulara todo el procedimiento judicial alegando que el origen de la causa era una denuncia anónima "falsa" realizada por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo por encargo de la entidad.

ENRIQUECIMIENTO LÍCITO

El macrojuicio -con 10 acusados- se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). La causa fue instruida por el magistrado Santiago Pedraz y se cerró el pasado mes de octubre, tras más de dos años de investigación, al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos --quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc--.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron presuntamente desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.

EXTORSIÓN A LA DEFENSA DE LA INFANTA

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar además en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.

LA DINÁMICA DE LA PUBLICIDAD

Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso 'Nóos'. En concreto los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.

Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se inició una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros.

Sumados a estos, se dieron casos en los que los acusados iniciaron campañas negativas por motivos personales contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, o contra el subsecretario de Sanidad en época de Elena Salgado, Fernando Puig de La Bellacasa. Igualmente, el Ministerio Público menciona en el escrito de acusación los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.