El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró ayer que el sistema judicial español no necesita de más "remiendos" o nuevas inversiones, porque lo que "falla" es el propio modelo en sí. Bajo esta premisa, el Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley orgánica del poder judicial que da un giro de 180 grados a la organización actual en los tribunales, con el doble propósito oficial de reducir el tiempo de respuesta y las dilaciones excesivas, y dar más seguridad jurídica a los operadores y ciudadanos. Estas son algunas de sus principales novedades.

El anteproyecto incrementa el control sobre la actividad pública de los jueces. Les prohíbe a ellos y a sus asociaciones opinar sobre casos que estén pendientes de sentencia.

Pero la futura norma no se queda ahí: fortalece también la posición de los jueces ante las críticas procedentes de cualquier ámbito, de modo que si se sienten presionados por reproches externos o creen coaccionado su trabajo por la filtración de un sumario, por ejemplo, pueden pedir al Poder Judicial que les ampare y ordene el cese de la "conducta perturbadora". Si esta prosigue pese a todo, el juez puede interponer una denuncia por un delito contra la administración de justicia.

El texto legal sienta las bases para acabar con los decimonónicos partidos judiciales. El reparto de los asuntos será provincial, lo que permitirá el trasvase de procedimientos de los juzgados más saturados a los que tienen una menor carga de trabajo, algo que impedía el sistema actual y permitirá reducir el tiempo de respuesta hasta cinco meses en algunas causas, según los cálculos de Justicia. Bajo el paraguas de los nuevos tribunales provinciales de instancia se aglutinarán todos los juzgados existentes en una provincia, lo que permitirá además que no se tenga que acudir a interinos para cubrir bajas y facilitará la especialización y, por tanto, según la versión del ministerio, la seguridad jurídica.

Ante la preocupación municipal por el posible cierre de algunas sedes, Gallardón aseguró que se mantendrán todas las instalaciones, pero se redistribuirán sus funciones. En este sentido, desaparecerán las Audiencias Provinciales y los juzgados de paz. Estos últimos se convertirán en puntos de acceso a los terminales del Registro Civil.

En la nueva organización, el Tribunal Supremo tendrá aún más peso, dado que algunas de sus sentencias serán vinculantes para los tribunales inferiores. Además, cualquier asunto, independientemente de su importe, podrá ser recurrido ante el alto tribunal.

En la Audiencia Nacional la instrucción de las macrocausas que atiende será colegiada, de forma que se pondrá coto a los llamados jueces estrella, como en su día Baltasar Garzón o actualmente Pablo Ruz (caso Gürtel) o Mercedes Alaya (los ERE de Andalucía), cuyos autos han puesto en cuestión la honestidad de los grandes partidos. Cuando la ley entre en vigor, una fecha que podría demorarse hasta la próxima legislatura, todas las causas complejas (también las que instruyen los tribunales ordinarios) pasarán a ser investigadas por tres jueces, con el propósito oficial de que aumenten las garantías de un proceso justo y se agilice la causa porque los tres magistrados podrán repartirse el trabajo, de nuevo según la interpretación gubernamental.

Pero los jueces de la Audiencia recogieron con escepticismo la medida. "Podemos pasar de tener algunos jueces estrella a tener toda una galaxia", señaló uno de ellos. Otros criticaron el "ataque al poder judicial" y avisaron de que la nueva norma tiene "difícil encaje constitucional".

La reforma en el proceso de instrucción podría en cualquier caso quedar en papel mojado en un futuro inmediato, puesto que Gallardón no renuncia a su propósito de que sean los fiscales y no los jueces quienes dirijan las investigaciones. Este cambio se haría en la futura ley de enjuiciamiento criminal, que rectificaría el proyecto aprobado ayer.

La norma establece que será hábil el mes de agosto para acelerar aquellas actuaciones cuya demora pueda causar perjuicios irreparables.

Además se crean y se potencian las pruebas de excelencia y especialización para los miembros de la carrera y todas las categorías judiciales se integrarán en una única, aunque la denominación de magistrado se mantendrá de forma honorífica. Los secretarios judiciales, por su parte, pasarán a denominarse letrados de la administración y se potenciará su función como directores de las oficinas judiciales.