Una de las novedades que introdujo Isabel Celaá (Bilbao, 1949) nada más asumir la cartera de ministra de Educación el pasado mayo fue la de cambiarle el apellido a su departamento: dejó de ser de Educación, Cultura y Deporte para llamarse de Educación y Formación Profesional. Eso ya da una medida del papel que, según Celaá, deben tener estos estudios, la 'cenicienta' del sistema educativo español. Dentro de ellos, la modalidad dual, que no acaba de arrancar en España, está llamada a tener un rol relevante.

El anterior Gobierno estaba trabajando en una ley específica para regular la formación dual ¿van ustedes a retomarla?

Creo que existe un amplio consenso acerca de la necesidad de revisar y mejorar la normativa que regula actualmente el modelo de la formación profesional dual. Se trata de una modalidad que va encontrando implantación y que merece atención especial. Hay que recordar, además, que el desarrollo de la formación profesional dual no ha sido completamente novedoso, sino que se basó en la formación en centros de trabajo que venía llevándose a cabo en los ciclos formativos que vienen existiendo desde los años 90. Nosotros seguiremos prestándole la atención que se merece y determinaremos cuál es el tipo de normativa más conveniente para cumplir el objetivo de obtener de ella el máximo beneficio. Cabe recordar que el pasado 26 de abril se presentó el denominado Documento de Bases de la Formación Profesional Dual para ser trabajado con las comunidades autónomas, cuyos acuerdos finales habrán de ser presentados a la Conferencia Sectorial de Educación. Además, el Servicio Público de Empleo Estatal también estaba llevando a cabo paralelamente una revisión similar, con objeto de hacer confluir los análisis y propuestas. Y los sindicatos y patronal habían manifestado su deseo de participar en el proceso. El propósito de ese documento consistía en revisar el real decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. Por lo tanto, se trataba de revisar la normativa vigente, aunque como resultado del proceso pudiese no ser necesario elaborar una ley específica.

¿Cómo le afectaría la derogación de la LOMCE, una ley que pese a todo daba un impulso a la FP dual?

Conviene aclarar que derogar la LOMCE implicaría emprender dos tipos de acciones: por una parte, corregir en el plazo más breve posible sus aspectos más controvertidos y, por otra, sustituirla, bien sea total o parcialmente, por una nueva norma legal tan pronto como fuera posible. Consideramos que la formación profesional dual tiene un lugar propio en nuestro sistema educativo y resulta valiosa, por lo tanto, seguiría estando incluida en la nueva normativa que se aprobase.

Uno de los problemas con los que topa el modelo actual es la falta de implicación de las empresas, posiblemente porque las pequeñas y medianas no tienen recursos para disponer de formadores, ¿cómo puede solucionarse esta situación?

Hay que tener en cuenta que el modelo de formación profesional dual cuenta en España con la limitación de la alta proporción de empresas medianas y pequeñas, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania. Eso hace que, siendo similar el modelo, haya que adaptarlo a nuestras circunstancias y ese es el principal desafío. En todo caso, actualmente hay casi 10.000 empresas participando activamente, lo que es una cifra apreciable. Para dinamizar esa participación, que sin duda es un aspecto clave, ya se ha comenzado a trabajar para tratar de obtener algunos recursos específicos procedentes del Fondo Social Europeo, precisamente para la financiación de tutores, de empresas, orientadores profesionales y otros gastos derivados de una mayor implicación empresarial.

¿Qué deben hacer las comunidades en las que esta FP dual no acaba de implantarse?

Aunque todas las comunidades autónomas tienen implantado el modelo de formación profesional dual, es cierto que no en todas alcanza la misma dimensión. Además, sus modelos son variados, debido a las distintas configuraciones de sus sistemas productivos y su realidad empresarial. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional trabajaremos con ellas, puesto que son las responsables de su desarrollo, para apoyarlas en lo que podamos.

¿Cuáles son los objetivos del Gobierno respecto a este modelo?¿Duplicar el número de plazas en un determinado tiempo, como pretende Catalunya, por ejemplo?

Como decía anteriormente, nuestro propósito consiste en trabajar con las comunidades autónomas, para analizar con cuidado la situación de esta modalidad de formación y orientarla en el mejor sentido. Hay que asegurar que los alumnos que sigan esta modalidad formativa reciban la retribución económica inherente al modelo, aunque todavía no generalizada, que se produzca la imprescindible vinculación entre los tutores de los centros formativos y las empresas con los estudiantes, junto con la implicación de los agentes sociales y el reconocimiento a las empresas, así como una evaluación cuantitativa y cualitativa en tiempo real, entre otros objetivos. Al margen de cómo evolucione el modelo en general, si queremos que proporcione los mejores frutos posibles, hay que cuidar aspectos como los mencionados.