El Gobierno no da su brazo a torcer por más que se lo exijan los jueces próximos al PP. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley contra la violencia doméstica haciendo oídos sordos a las críticas de los miembros conservadores del Poder Judicial, cuyas recomendaciones, en este caso, no son vinculantes.
La ley --que todavía tiene que ser ratificada en las Cortes y no entrará en vigor hasta el año que viene-- mantiene la discriminación positiva y sólo considera víctimas a las mujeres. Unicamente los magistrados conservadores están en desacuerdo con este extremo que, sin embargo, ha sido aplaudido por jueces progresistas, sindicatos y feministas.
POSIBLES CAMBIOS El Ejecutivo socialista tampoco ha dado marcha atrás en los otros dos aspectos polémicos de la norma. El primero: crear juzgados específicos para maltratadas. El segundo: considerar delito las amenazas y coacciones leves en el ámbito doméstico siempre y cuando el autor sea un hombre. Si es una mujer, seguirán siendo faltas. Estas no están penadas con cárcel, al contrario de lo que sucede con los delitos.
Este último punto ha sido rechazado no sólo por los jueces conservadores --que dudan de su constitucionalidad-- sino también por los progresistas. El revuelo que se ha organizado es de tal calibre que, con toda probabilidad, este apartado sufrirá alguna modificación a lo largo de la tramitación parlamentaria. Es decir, se buscará algún mecanismo judicial para que el artículo conserve su filosofía, pero no provoque tantas críticas.
EL EJEMPLO Así quedó claro ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A pesar de que el titular de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, insistió en que el Gobierno no se echaría para atrás en la creación de tipos penales específicos, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega matizó luego sus palabras y añadió que el Ejecutivo "estará abierto en la tramitación parlamentaria a introducir mejoras técnicas".
En cualquier caso, esas mejoras técnicas no variarán el espíritu de la norma. Con el objetivo de convencer a los más críticos, Caldera puso un ejemplo: "Si un joven quema un autobús en Murcia tras una noche de juerga es castigado con una pena cinco veces inferior a si lo hace en San Sebastián después de asistir a una manifestación proetarra".
El Gobierno tampoco está dispuesto a renunciar a la discriminación positiva de la ley antimaltrato. A lo largo de esta semana, los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --nombrados a propuesta del Partido Popular-- insistieron en la necesidad de que la normativa debería amparar a todas las víctimas, independientemente de su sexo, y no sólo a las mujeres.
CONSTITUCIONALIDAD Ayer, una vez más, tanto Fernández de la Vega como Caldera dejaron claro que España tiene un problema de malos tratos contra la mujer (en lo que va de año han muerto 30) y que el resto de posibles víctimas --como los niños, ancianos y hombres-- ya están amparadas por el Código Penal.
El titular de Asuntos Sociales destacó que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional permiten la adopción de medidas de acción positiva para que los colectivos discriminados --en este caso, las mujeres-- alcancen la igualdad real.
MENORES A la hora de aprobar la norma, el Gobierno sí que ha tenido en cuenta varias recomendaciones realizadas por el Consejo Económico y Social (CES). Este organismo, formado por sindicatos y empresarios, pidió más protección para los menores. De hecho, el texto del Ejecutivo insiste en que la "red de protección social para las maltratadas se extiende a sus hijos". Además, los juzgados específicos para las mujeres se harán cargo también de los hijos de las maltratadas.
Por último, el Ejecutivo ha modificado ligeramente la definición de violencia contra la mujer incluida en la ley. El texto antiguo decía que el maltrato doméstico era un "instrumento para mantener la discriminación de la mujer". El documento aprobado ayer quita la intencionalidad del autor y califica el maltrato simplemente como "una manifestación de la discriminación".
