«No podemos impulsar ninguna política que no sea compatible con estas alertas» que se lanzan desde el mundo científico, advirtió ayer, tras la presentación del informe con datos de la Aemet, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Las políticas contra el calentamiento global se enmarcarán en España dentro de la ley de cambio climático, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de febrero pero no pudo ser enviado a las Cortes debido al adelanto electoral.

Ribera confía en que sea «una de las primeras leyes que lleguen al Parlamento» tras las elecciones generales del 28 de abril y que sea «tramitada con un consenso amplio». Para la ministra, «quizás la reforma estructural más importante» que tiene España por delante es precisamente «impulsar una transformación »en materia de clima y energía con medidas de transición justa para que el cambio hacia un modelo económico menos contaminante no deje a nadie atrás».La Aemet ha contado con información de su Banco Nacional de Datos Climatológicos y con datos procedentes de 58 observatorios, 52 ubicados en capitales de provincia y en Ceuta y Melilla, y otros seis más por la especial relevancia histórica de sus datos.