Tras varias tramitaciones fallidas, la ley de eutanasia se abre paso, esta vez sí, definitivamente en España. El Senado aprobará previsiblemente hoy, con los votos en contra de PP y Vox, el proyecto de ley que regula el suicidio asistido con pequeños cambios sobre la regulación aprobada en el Congreso, por lo que el proyecto legal deberá volver a la Cámara baja antes de ser aprobado definitivamente. La exministra y diputada socialista María Luisa Carcedo, una de las impulsoras de la normativa, prevé que la ley podría aprobarse en el Congreso a partir de la próxima semana o en los plenos inmediatamente siguientes. Y, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la normativa entrará en vigor en los tres meses siguientes.
Eso sí, una de las enmiendas aceptadas en el Senado fija que la Comisión de Garantía y Evaluación, que deberá revisar, en cada comunidad autónoma, si concurren los requisitos para que se practique la ayuda a morir, debe estar lista justo cuando entre en vigor la ley, para que no haya retrasos una vez el texto llegue al BOE. Además, se ha acordado que en la composición multidisciplinar de la Comisión intervenga personal de enfermería, además de médicos o juristas. Y se han introducido correcciones técnicas para esclarecer que será un derecho dentro de la cartera común del sistema nacional de salud.
La discapacidad
El Senado ha vivido un importante debate en torno al artículo sobre qué personas pueden acceder al suicidio asistido, después de que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidiera a los parlamentarios que eliminasen la expresión "imposibilitante" del texto normativo que dice que podrán acogerse quienes sufran un padecimiento grave, crónico e imposibilitante-, con el fin de no señalar a las personas con discapacidad como vidas descartables en el texto de la norma.
Finalmente se ha acordado introducir una enmienda transaccional que pone el foco más en las situaciones que en las personas, pero que no satisface a todos los grupos que apoyan la ley. Según ha explicado Carcedo, “se han valorado varios sinónimos” al término "imposibilitante" pero finalmente este no ha sido eliminado “porque de alguna manera hay que definir las situaciones de padecimiento y las circunstancias para que se pueda solicitar la ayuda”.
Esas circunstancias marcan que podrán reclamar el suicidio asistido las personas que sufran un padecimiento “grave e incurable”, causante de un “sufrimiento físico o psíquico intolerable” y que de forma “libre” y sin “intromisiones”. La solicitud debe presentarse por escrito en dos ocasiones y la misma será evaluada varias veces. En primer lugar, por un médico “responsable”, que realizará con el solicitante un “proceso deliberativo sobre su diagnóstico” y los posibles cuidados paliativos para aliviar su padecimiento. Y, en segundo lugar, por un médico “consultor”, que revisará que se cumplen todas las condiciones. Por último, si el paciente no desiste en este proceso, la Comisión de Garantía realizará un “control previo y posterior”.
El debate
Es por tanto una ley "extraordinariamente garantista", según ha resaltado la senadora María Esther Carmona en un debate que ha durado más de cuatro horas y que ha concluido con un largo aplauso a los familiares presentes en la tribuna de María José Carrasco y Maribel Tellaetxe, quienes tienen en común que ambas solicitaron la eutanasia antes de morir.
PP y Vox han presentado sendos vetos con el argumento de que la ley es “injusta e inconstitucional”. Como ya sucedió en el Congreso, la ultraderecha ha acusado a los socialistas de promover, con esta regulación, “la industria de la muerte”, mientras que los populares han asegurado que “los mayores, enfermos y discapacitados podrán verse invitados” a pedir la eutanasia “por el sufrimiento vital que conlleva ser considerados como una carga social”. Ambos vetos serán rechazados.
