Tras la polvareda que ha levantado su polémica y mal explicada iniciativa sobre las mujeres inmigrantes y la adopción, el PP se ha visto forzado a aclarar que es falso que proponga evitar su expulsión de España a cambio de que entreguen a sus retoños a familias adoptantes, como se interpretó en un primer momento. Por lo visto su intención es que cuando una madre ya ha decidido dar en adopción al menor, el proceso en sí no suponga el inicio de los trámites de expulsión, por razones humanitarias y para proteger al menor y a la madre, según la argumentación de los populares. Si bien, la legislación ya protege a las inmigrantes embarazadas y por ello los especialistas en adopciones, protección al menor e inmigración no entienden la confusa iniciativa conservadora, dado que no se ha detectado que haya un problema generalizado y que se esté expulsando a las madres 'simpapeles' por este motivo, en un panorama ya lo suficientemente regulado, legislado y controlado.
De hecho, la ley de extranjería establece que no se podrá llevar a cabo una expulsión del país cuando la afectada esté embarazada y esta medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre. Es decir, en el supuesto de que se inicie el trámite, la afectada puede alegar su embarazo para evitar ser deportada. Por ello, desde Red Acoge apuntan que no tienen conocimiento de casos en los que se haya abierto un expediente por el deseo de dar a un hijo en adopción.
EL ARRAIGO
Tampoco en Save The Children son conscientes de que sea un problema muy habitual. Su directora de sensibilización y políticas de infancia, Ana Sastre, explica que cuando inmigrante embaraza llega a España de forma irregular, no se la suele expulsar sino que se la considera una persona de especial vulnerabilidad y por ello es derivada a los equipamientos de la Cruz Roja. Además, pasado un año, dependiendo del caso y en algunas nacionalidades la madre y su hijo son regularizados por arraigo, dado que en algunos países no se permitiría al menor otorgarle la nacionalidad al no haber nacido en su territorio. Por ello, la oenegé se ha dirigido al PP para solicitarle más información sobre su confusa propuesta.
Los populares sostienen que lo que pretenden es exportar a toda España, mediante una nueva ley de apoyo a la maternidad, la normativa existente en Madrid y que establece que la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer, dado que es un proceso de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la misma, dado que sus datos están sujetos a reserva. Según la portavoz del PP en política social, Cuca Gamarra, esta legislación ya ha permitido que entre 30 y 40 niños no sean abandonados, por ejemplo, en contenedores, y sean entregados por los cauces legales. Si bien, según el coordinador general de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA), Benedicto García, la obligación de mantener la confidencialidad existe en todas las Comunidades Autónomas y no solo en Madrid. Por eso, su colectivo no acaba de ver dónde está el problema.
LA CONFIDENCIALIDAD
Cuando una mujer decide renunciar a su vástago, ya sea española o extranjera, de forma inmediata esa persona es derivada a los servicios sociales, que son quienes tienen que velar por su bien y el del menor. Desconozco si servicios sociales avisan a Extranjería de la situación irregular de esa persona, pero no deberían poder expulsarla porque el menor está protegido y la mujer tiene hasta mes y medio después para decidir si se retracta y asesorada en todo momento por un jurista, explica García. Por eso, a su asociación, que agrupa a colectivos de padres adoptantes de toda España, no les cosa que se expulse a madres en este proceso y que, en algún lugar en concreto, se vulnere el derecho a la confidencialidad.
Además, según la propuesta del PP, la protección a la mujer será exclusivamente durante el proceso de adopción. Después pierde el blindaje y podría ser deportada. Por eso, las entidades de ayuda a los inmigrantes consideraron intolerante, mercantilista y estigmatizadora la iniciativa, al tiempo que señalaron que si lo que se pretende es ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, se les facilite ayudas económicas para evitar que se vean abocadas al aborto o a dar a un hijo en adopción. Aprovechar la máxima vulnerabilidad de las madres migrantes para condicionar su situación legal a cambio de dar sus hijos en adopción, como si de mercancía se tratara, es intolerable, apuntó la ONG Accem.
