El presentador Jesús Vazquez compartió esta semana en Twitter la portada de la revista Zero en la que aparecía caracterizado como Jesucristo con una corona de espinas. La publicación se imprimió en el año 2000 y la vida siguió sin sobresaltos. En el texto que acompañaba el tweet, Vázquez se preguntaba qué había pasado con la libertad de expresión en este país. La reflexión -compartida por más de 7.000 personas- era la respuesta a la decisión de un juzgado jienense de condenar a un joven por compartir en redes sociales un fotomontaje de su rostro y la imagen del Cristo Despojado.
La reacción en las redes sociales ha sido furiosa. Juristas, periodistas, actores, humoristas y población civil han dedicado miles de caracteres a censurar esta decisión judicial y reivindicar un territorio de libertad de expresión que parece que sucumbe ante una ola de represión sin precedentes en época democrática. Soltar rabia alivia, pero no evitará que Daniel Serrano deba pagar los 480 euros que debe abonar como autor de un delito contra los sentimientos religiosos. La Fiscalía, en su escrito de calificación provisional, tildó de «vergonzosa manipulación del rostro de la imagen de Jesucristo (...) lo que evidenciaba un manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender».
«El retroceso en derechos humanos es incuestionable». La frase, categórica, es de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. El origen de este cambio de paradigma es la actualización del artículo 510 del Código Penal del año 2015. «El delito de odio permite castigar las opiniones. Y es tan subjetivo como peligroso. Con esta ley, cualquier revista satírica de los 80 hubiese acabado en los tribunales», argumenta. Y subraya que el aire libertario en los primeros años de la democracia tenía más porcentaje de oxígeno que el actual. «Nos estamos equivocando al creer que si hay un colectivo ofendido, hay daño. Y los jueces deberían entender que el mero escarnio de una religión es ejercicio de la libertad de expresión. La ofensa por discrepancia no es delito», afirma el profesor.
No debería ser delito. Pero la libertad de expresión ya no es tan libre. El líder de Def con Dos, César Strawberry, fue condenado recientemente a un año de cárcel por seis tweets en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA. La Audiencia Nacional condenó a la tuitera Cassandra por seis chistes online sobre la muerte de Carrero Blanco y los 12 miembros del grupo de rap La Insurgencia fueron castigados con dos años y un día de prisión por «discursos violentos» en sus letras. Los condenados, pese a no tener antecedentes penales, podrían ingresar en la cárcel al ser la pena superior a los dos años de prisión. La revista satírica Mongolia espera -entre lexatines- la resolución de una demanda interpuesta por José Ortega Cano que le acusa de haber vulnerado su derecho al honor en un cartel promocional publicado en noviembre de 2016: los 40.000 euros que exige el extorero podrían poner en peligro el proyecto editorial.
El editor y fundador del semanario, Edu Galán, es implacable al señalar la herencia nacionalcatólica: «En España se persiguen los delitos de ofensa religiosa siempre y cuando ofendas a los católicos. Los demás que se jodan. El catolicismo es dueño del espacio público en este país: controla las radios, corta las calles para pasear muñecos y atemoriza a un pobre jornalero por compartir una imagen en su cuenta de Instagram. No se dan cuenta de que ellos ofenden permanentemente a la racionalidad». Pese al pánico, seguirá gritando. «El juramento hipocrático de la sátira es no callarse». Tanto Urías como Galán aplican la autocrítica para señalar a una izquierda que se empeña en promover un ambiente de censura en torno libertad de expresión.
«El autobús transfóbico de Hazte Oír también es libertad de expresión aunque no estés de acuerdo con el mensaje. Y, sin embargo, la izquierda se empeña en llevar a los juzgados puntos de vista que difieren al suyo. La libertad de expresión tiene que ser sagrada y proteger a los que crean que Franco fue un buen dictador y a los que quieran utilizar el Photoshop para meter su cara en la de Jesucristo. El problema es que tenemos intolerancia a las opiniones distintas», sostiene Urías.
El ex letrado del Tribunal Constitucional apela a la transición española y a los valores de la dictadura franquista que se mantuvieron en la mentalidad judicial para justificar -o intentar explicar- la subjetividad interpretativa de la ley, aunque advierte de que no es un problema local.
En Europa hay un viraje preocupante que golpea al epicentro de la libertad de expresión. En Polonia se pena con cárcel que cualquier ser humano plantee la duda de que algún polaco colaboró con los crímenes nazis. Y Francia, la apología del terrorismo está penada con hasta cinco años de cárcel. Malos tiempos para la lírica, que escribía Bertold Brech.
