La decisión de poner en libertad a los cinco de La manada ha causado estupor y sorpresa en el Gobierno y buena parte de la clase política y judicial. El motivo: que la práctica «habitual» es que, ante una sentencia grave como la que han recibido los sevillanos, de 9 años y medio de prisión por abuso sexual, los penados siguieran en prisión -o fueran encarcelados- hasta que haya una revisión de la condena o se cumpla el tiempo máximo fijado por ley, situado en la en la mitad de la pena, que en este caso hubiera supuesto que los cinco sevillanos siguieran en prisión dos años y medio más. Así lo ponen de manifiesto varios miembros de la judicatura consultados por este diario, que explican que la puesta en libertad es legal, ajustada a derecho pero inhabitual tras una sentencia «grave».
Por tanto, los condenados, pese a que se presentan como víctimas del sistema, han recibido un trato en cierta manera privilegiado, por mucho que la presión mediática y social debería haber empujado al tribunal a conducirse por la senda la normalidad, para evitar incrementar la indignación que ya provocó la decisión de condenar a los agresores por abuso y no por agresión sexual, lo que hubiera aumentado la condena, al no apreciar ni intimidación ni violencia sobre la víctima.
Si bien, según denuncia Carla Vallejo, de Mujeres Juezas y magistrada en ejercicio, mientras la regla general es que ante condenas elevadas se mantenga al reo en prisión, en los delitos sexuales «la prisión provisional se usa menos». En su opinión, es un problema de que en la judicatura sigue habiendo «perjuicios timoratos y no se acaba de creer a la víctima». En la actualidad en España (sin contar Cataluña, que tiene las competencias trasferidas) hay 4.060 hombres condenados en firme por delitos contra la libertad sexual y abusos, frente a 630 preventivos.
Los argumentos usados por el tribunal también han causado extrañeza. Para Amalia Fernández, presidenta de la asociación de juristas Themis, es «indignante» que ahora se aprecie menor riesgo de fuga que la última vez que se revisó la prisión, dado que en abril fueron condenados y tendrían por tanto ahora más motivos que antes para eludir la justicia. En cuanto al peligro de reiteración delictiva, Amalia Fernández cree que los jueces deberían haber tenido en cuenta que hay indicios de que ya abusaron de otra mujer.
Doble victimización
Vallejo, por su parte coincide con el presidente del tribunal, que ha emitido un voto discrepante, en que la puesta en libertad pone en riesgo la «integridad» de la víctima, que puede verse afectada al ver a sus agresores en libertad y si estos vuelven a mantener ante la opinión pública su inocencia. El fallo les obliga a mantenerse fuera de la Comunidad de Madrid, donde ella reside. «¿Pero qué pasa si la víctima viaja por España y coincide con os agresores en otro lugar?», pregunta la magistada de Mujeres Juezas.
Y es que los juristas especializados en violencia sexual no tienen dudas de que para la joven denunciante la puesta en libertad supondrá una «doble victimización inevitable», en palabras de Susana Gisbert, fiscal de violencia de género. Al mismo tiempo, podría detraer a otras agredidas de confiar en la justicia, cuando los delitos sexuales ya de por sí en muchas ocasiones no son denunciados. «Es comprensible que una mujer se lo piense dos veces antes de pasar por el viacrucis que ha sufrido la víctima de la Manada», opina Gisbert.
En este panorama, las expertas aplauden el diagnóstico efectuado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para quien conviene cambiar «las mentalidades», más que «las leyes». Aún así, ha dado orden de ampliar su cometido a la comisión a la que su antecesor encargó revisar el Código Penal.
Asimismo, el PSOE ha impulsado una reforma para aumentar la formación de los jueces en igualdad y el Ejecutivo central informó ayer de que estudiará personarse en otros procesos que causen alarma social para «salvaguardar» a las víctimas.
