La Audiencia de Navarra rechazó ayer el reingreso en prisión solicitado por la fiscalía y las acusaciones del guardia civil de La manada, Antonio Manuel Guerrero, quien intentó renovar el pasaporte pese a tenerlo expresamente prohibido por decisión de este mismo tribunal. La resolución de la Sección Segunda cuenta con el voto particular discrepante del presidente del tribunal, quien aboga por el encarcelamiento del condenado al estimar que este quebrantó la medida de libertad provisional impuesta el 21 de junio. Este mismo juez es el que defendió que los cinco miembros de La manada tenían que continuar en prisión provisional. La sentencia por la que se les condenó a nueve años de prisión por abuso sexual (no por violación) en los Sanfermines del 2016 está recurrida.

La fiscalía y las acusaciones, en nombre de la víctima y de instituciones pública navarras, sostuvieron en una vista celebrada el pasado el 5 de julio que el intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares fijadas por la Sección Segunda en su resolución del 21 de junio y, por tanto, el condenado debería ingresar en prisión por riesgo de fuga. La defensa, por su parte, se opuso y reclamó sin embargo el mantenimiento de la situación de libertad.

SOLO UN TUIT

La Audiencia de Navarra sostiene ahora que no aprecia en la actuación del guardia civil condenado causa suficientemente justificada para modificar la situación de libertad provisional y acordar, en su lugar, la prisión. Para el tribunal, «la prueba practicada pone de manifiesto que la acción del procesado de intentar renovar el pasaporte en ningún momento estuvo encaminada a procurar el incumplimiento» de la medida de libertad provisional.

Los magistrados destacan el hecho de que ninguno de los funcionarios que intervinieron en el intento de renovación del pasaporte dio aviso al tribunal, ni se elaborara un atestado policial. La única reacción de la policía, reseñan, fue la publicación de un tuit por parte de la Policía Nacional tres días después, lo que «hace dudar seriamente de que lo sucedido hubiera dado lugar en su momento a la más mínima alarma» y que la comparecencia del procesado para renovar el pasaporte «no generó ninguna respuesta porque en ningún momento se dio a la misma la importancia que ahora pretende atribuirle las acusaciones». Según los jueces, ni la fiscalía ni las acusaciones han «acreditado suficientemente» que el guardia civil quisiera huir.

Los cinco condenados quedaron en libertad el 22 de junio, al día siguiente del auto notificado por el tribunal que decretaba su libertad provisional y tras abonar cada uno los 6.000 euros de fianza impuesta. Esta decisión también contó con el voto particular del presidente de la sección, quien se inclinó por prorrogar de la prisión hasta la mitad de la pena, 4 años y 6 meses. Sí que se decretaron otras medidas contra ellos, como no acercarse a la víctima y no salir de España. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra fallará sobre el recurso contra la condena en septiembre u octubre.