Ángela González, víctima de violencia de género y madre de la niña de 7 años que fue asesinada por su padre en el 2003, pidió ayer una disculpa pública del Gobierno, de los trabajadores sociales y del Defensor del Menor que conocieron su caso. En la primera comparecencia pública tras conocer el dictamen de la ONU que reprueba a España por no haber protegido a su hija a pesar de sus denuncias por malos tratos, se preguntó: "¿Cuánto cuesta la muerte de una hija?"

"Todos los recursos presentados fueron rechazados. Me atrevo a decir que ni a esta Justicia, ni a nadie, le importó la muerte de mi hija", añadió Ángela, que estuvo acompañada de responsables de la ONG que presentó la demanda ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), Women's Link Woldwide.

Ángela lamentó que ningún miembro del Gobierno se haya puesto en contacto con ella. Y al ser preguntada por cuál cree que debería ser la indemnización y reparación que España debería otorgarle, contestó que para ella "es una cuestión secundaria".

"Esto no hay quien lo recompense, pero en parte he sido recompensada porque necesitaba que alguien me diera la razón, que dijera que había habido fallos en la justicia y que mi hija no había sido custodiada", detalló.

Pero sobre todo recalca las necesarias disculpas de "las trabajadoras sociales de Mejorada del Campo (Madrid) que no hicieron correctamente sus informes y del Defensor del Menor que dictaminó que las visitas --del padre maltratador con la hija-- fueran en régimen abierto porque no se podía prever lo que iba a pasar". Fue precisamente en una de estas visitas en las que el hombre mató a su hija.