La Comunidad de Madrid indemnizará con más de 370.000 euros a las familias de los trabajadores de Metro de Madrid fallecidos por amianto, siempre que lo determine una inspección, tras haber fijado el Juzgado de lo Social número 10 esa condena para uno de los casos.
El Gobierno regional no presentará ningún recurso e indemnizará «de manera inmediata» a la familia, puesto que lo que querían era tener una referencia económica para otros posibles casos, según desgranó ayer el presidente regional en funciones, Pedro Rollán. «Lo que se pretendía era tener fijado ese criterio ante casos similares. Hay un segundo caso en el que puede haber una causa-efecto y se aplicaría el mismo criterio», detalló Rollán. Con ello se buscaría evitar «el calvario» judicial a las familias.
El dirigente explicó que desde la inspección de trabajo se determinó que existía una causa-efecto en dos casos concretos y que se adoptaron «todo tipo de medidas» para que no se volviese a producir. Así, se han llevado a cabo una serie de protocolos, procedimientos y revisiones para garantizar que los trabajadores «están dentro de la más absoluta garantía sanitaria». Rollán recordó que se trata de «unos hechos que sucedieron hace treinta o cuarenta años», dado que es una enfermedad «que puede permanecer en el cuerpo» y hasta tiempo después no manifestarse.
