La coordinadora de entidades que organizó las Marchas de la Dignidad ha anunciado este viernes en rueda de prensa que demandará a los responsables del Estado que sembraron el caos en “una manifestación pacífica” para “ocultar que habían participado en ella dos millones de personas”. Las querellas se basarán en un informe de sus juristas que denuncia la vulneración del derechos de manifestación por una “carga policial injustificada y sin aviso previo” sobre las personas que estaban contemplando el espectáculo final de la marcha en la plaza de Colón.
Los letrados también advierten delitos de malos tratos en las detenciones posteriores a los altercados y en las heridas sufridas por manifestantes que no participaban en los mismos. Por parte de los heridos por balas de goma, botes de humo y golpes de porra se han presentado ya más de 50 denuncias individuales en los juzgados.
Un portavoz de la coordinadora, Rafael Escudero, ha atribuido los actos de violencia, “que condenamos sin paliativos”, a “un montaje de las cloacas del Estado” para poder “abrir los informativos de las 9 con los incidentes y no con la manifestación” y ha recordado la habitual presencia de encapuchados que son “infiltrados de la policía”.
Defensa del encarcelado
Durante la rueda de prensa se ha leído también un comunicado de los amigos y la familia de Miguel, el único de los detenidos que ha ingresado en prisión provisional. “La imagen que se dado de Miguel no se corresponde con la realidad. Es una persona pacífica, agradable, que colabora incluso con entidades como la Cruz Roja”, señalan en el comunicado. Su abogado defensor ha asegurado que “no hay ninguna prueba” de que lanzara una piedra a la cabeza de un antidisturbios sin casco ni de que se vanagloriara posteriormente de ello con sus amigos, como sostiene el auto de prisión del juez.
