Más de cuarenta organizaciones de mujeres y LGTB, entre ellas el Partido Feminista y No Somos Vasijas, constituyeron ayer la denominada Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, ya que consideran que la denominada «gestación subrogada» es una vulneración de los derechos de la mujer y del niño.

En declaraciones a Efe, la responsable jurídica del Partido Feminista, Elena Rabade, recordó que esta práctica «no es legal» en España. De hecho, la recién creada plataforma defiende que siga siendo así, frente al «movimiento fuerte» de quienes están buscando que se legalice.

«Los hijos son directamente de la mujer que los trae al mundo, y no se pueden registrar a nombre de terceras personas, salvo en adopción», recalcó Rabade. La feminista denunció, asimismo, que se está utilizando a las mujeres que se encuentran en el extranjero en una situación económica «vulnerable y miserable» para alquilar sus vientres. De ahí, que hayan pedido a las autoridades que impidan esta situación así como las «ferias» que promocionan el «alquiler de vientres», como la que está prevista para el 6 y el 7 de mayo en un hotel de Madrid.

«Si la venta de órganos no se considera ética, por qué va a serlo la de bebes y el alquiler del cuerpo de una mujer», se preguntó Rabade de manera retórica. Además, incidió, para un «vientre de alquiler» solo se necesita tener dinero, sin que nadie controle realmente con qué fines se recurre a ello, y sin que la madre biológica conste en ningún registro.

La presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, consideró que los «vientres de alquiler» son un «comercio infame» que trata de ocultarse con determinadas denominaciones.

En esas ferias «se ofrecen mujeres» de países muy diversos, donde está legalizado, para inseminarlas «y producir un niño como si fuera un par de zapatos», enfatizó.