Rorcuales, cachalotes y delfines están algo más a salvo desde ayer. Todas las especies de cetáceos y tortugas marinas que habitan o transitan por las aguas del corredor marítimo que se extiende entre la península Ibérica y las islas Baleares vivirán en una reserva que blindará su conservación, con medidas como el veto de nuevos sondeos petrolíferos.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó ayer un decreto por el que se declara área marina protegida el denominado Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo. La medida llega medio año después de que lo propusiera la delegación española en una cumbre celebrada en Albania por los firmantes del llamado Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo. El corredor también será zona de reserva preventiva y el Gobierno ya ha solicitado su inclusión a la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).
85 KILÓMETROS DE ANCHURA
El área que a partir de ahora estará blindada es una franja continua de aguas marítimas de más de 46.000 kilómetros cuadrados y de 85 kilómetros de anchura, que discurre entre el cabo de Creus, en Gerona, y el cabo de la Nao, en Alicante, y que es paralela a las costas de las Baleares. Según el ministerio, estas aguas tienen «un gran valor ecológico» y constituyen un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para su supervivencia.
El departamento dirigido por Teresa Ribera asegura que el objetivo de la declaración es proteger de los efectos del ruido submarino a los cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación. La contaminación acústica supone un riesgo para la supervivencia de estas poblaciones, que dependen del sonido para su orientación espacial, alimentación, reproducción y cría. Con la protección de la zona, quedarán vetados los sistemas activos en la investigación geológica -ya sean por sondas, aire comprimido, explosiones controladas o perforaciones subterráneas- y, sobre todo, los sondeos petrolíferos. Sin embargo, el ministerio admite que aún quedan fuera de la prohibición los proyectos con permisos de investigación o explotación en vigor, aunque Ribera se ha comprometido a revisarlos.
Las entidades ecologistas y de conservación hace años que batallan para lograr esa zona de protección. La Alianza Mar Azul, constituida por un centenar de miembros, entre administraciones públicas, entidades sociales y de sectores económicos- fue una de las promotoras de las medidas de conservación y ahora ve con buenos ojos la entrada en vigor del decreto, después de años de «inacción política», explica su portavoz, Carlos Bravo. «Estamos muy contentos de que se proteja legalmente este corredor no solo porque es un espacio de altísimo valor ecológico, un paso migratorio del rorcual común y una zona de alimentación para cetáceos y otras especies, sino también porque hay proyectos de prospección de hidrocarburos que ahora se tendrán que archivar de forma inmediata», destaca.
La Alianza Mar Azul confía en que el Gobierno paralice las investigaciones petrolíferas que «se solapen con el área protegida», aunque teme que los proyectos que no se incluyen en la zona blindada sigan en marcha. En el área están en trámite 12 permisos de investigación de hidrocarburos por la petrolera Cairn Energy, además del Proyecto Medusa, promovido frente a la costa de Tarragona al sur de la plataforma Casablanca.
IR «MÁS ALLÁ»
Bravo reconoce que la protección es «una buena noticia», aunque cree que «no basta». Las asociaciones reclaman ir «más allá de la protección» con un «plan de gestión eficaz» y con la aprobación de una ley presentada por el PSOE que permitiría prohibir las prospecciones de hidrocarburos en todas las aguas nacionales. Esta norma fue vetada por el PP en el Congreso. El presidente de la asociación dedicada a la investigación de los cetáceos Edmaktub, Eduard Degollada, también celebra el blindaje. Sin embargo, Degollada ve la denominación de corredor como un error, ya que, según él, los estudios llevados a cabo demuestran que «los rorcuales, que son la única especie migradora, van a a las costas de Barcelona para alimentarse ».
Asimismo, critica que «los límites de la zona protegida se han establecido arbitrariamente». El área protegida discurre a 13 kilómetros de las costas de Ibiza, Mallorca y Menorca y a unos 38 de las costas catalana y valenciana. Según aseguró Degollada, la superficie no protegida por este decreto también debería ser objeto de atención, porque la zona más próxima al litoral concentra un gran número de especies.
