El Gobierno sigue adelante con el laudo obligatorio pese a que los vigilantes de El Prat han decidido suspender temporalmente la huelga indefinida de 24 horas. Después de que los representantes de los trabajadores y la empresa renunciaran a proponer ningún árbitro, el Ministerio de Fomento ha elegido al turolense Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES). Las partes disponen ahora de 24 horas para presentar alegaciones tras las cuales el departamento encabezado por Íñigo de la Serna lo designará para que dicte el laudo en un plazo máximo de diez días.
El Consejo de Ministros acordó el pasado miércoles, 16 de agosto, en una reunión extraordinaria, establecer el arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat. El laudo será de obligado cumplimiento para las partes.
El ministerio considera que Peña cumple con los requisitos que anunció debería tener el árbitro: «prestigio e independencia». La dirección de Eulen ha afirmado que respeta y acepta la designación de Peña. Fuentes de la dirección de la compañía han explicado que se ponen «a su entera disposición» y han recordado que desde el primer momento manifestaron que acatarían el árbitro que propusiera el Gobierno de Mariano Rajoy.
EL LAUDO, A LOS TRIBUNALES
Por su parte, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha renunciado a valorar la designación y únicamente ha recordado que consideran ilegal el laudo arbitral y que lo recurrirán ante los tribunales. Los vigilantes decidirán además la próxima semana cuándo reanudan la huelga, dado que solo ha sido suspendida temporalmente debido a los atentados del 17-A.
Marcos Peña Pinto (Teruel, 1948) ocupa desde el 2006 la presidencia del Consejo Económico y Social, un órgano consultivo creado en 1991 e integrado por sindicatos, empresarios, organizaciones agrarias, pesqueras y de consumidores, y expertos nombrados por el Gobierno.
EXPERTO NEGOCIADOR
Licenciado en Derecho, es inspector de Trabajo y catedrático de Derecho del Trabajo. Experto en temas sindicales y en negociaciones colectivas, ha desempeñado toda su carrera profesional en la Administración, en la embajada de España en Roma (agregado laboral), en el Ministerio de Sanidad, donde fue responsable de la secretaría general de Salud, y en el de Trabajo (como secretario general de Empleo). En su última etapa en el Ministerio de Trabajo antes de su nombramiento en el CES, intervino en la negociación con sindicatos para el Pacto Social, donde se alcanzaron acuerdos sobre convenios y la derogación de las ordenanzas laborales.
