El refrán «nadie escarmienta en cabeza ajena» se ha vuelto a cumplir en el Ministerio de Justicia. La ministra Dolores Delgado ha incurrido en el mismo error que su antecesor, Rafael Catalá, a la hora de designar el consejo asesor que deberá revisar la justicia universal: olvidarse de la paridad. Y ello, pese a que ayer mismo anunció en el Congreso la creacion de un observatorio para romper el techo de cristal de las mujeres para alcanzar los altos cargos judiciales.

A finales de agosto Justicia anunció la creación de un órgano asesor con la intención de revocar la reforma del 2014 del PP sobre justicia universal, que en la práctica supuso el fin de la jurisdicción española para perseguir crímenes contra la humanidad, al exigir como requisito para abrir una investigación que haya víctimas españolas, que el autor sea español o resida en España y se haya denegado su extradición.

El órgano se reunirá, bajo la presidencia de Delgado, con lo que se garantiza la presencia de una mujer (la propia ministra), pero sus otros miembros son hombres: el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, como vicepresidente, el magistrado José Ricardo de Prada, los abogados Manuel Ollé y Miguel Ángel Vergara Céspedes y el catedrático ya jubilado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), Hernán Hormazábal. Ninguna mujer, pese a que la catedrática Alicia Gil Gil está considerada una eminencia en la materia y que hay abogadas, juezas y fiscalas que también podrían haber sido consultadas.

La crítica a la paridad obligó a Catalá a incluir a contrarreloj a 15 mujeres en la comisión de codificación -12 con carácter permanente- para revisar los delitos sexuales, tras conocerse que no había ninguna en la Sección de Penal de la comisión de codificación, que llevaba sin reunirse desde que llegó al Gobierno Felipe González. Esta polémica, ligada a la que suscitó la sentencia de la Manada, contribuyó a que la propia ministra decidiera constituir otro consejo asesor para revisar desde la perspectiva de género la Ley de Enjuiciamiento Criminal de momento y el resto del ordenamiento en el futuro.

Este órgano que echó a andar ayer está formado por la magistrada Ana María Ferrer, la fiscala Elvira Tejada, la catedrática María Isabel González Cano, la abogada María Durán i Febrer y el catedrático Juan Luis Gómez Colomer. Sin embargo, la opción para el consejo asesor de la justicia universal no cuenta con más mujer que la ministra y, además, el «nivel» de los miembros designados también es cuestionada.

Más allá de la contradicción que supone haberse olvidado de la paridad, su composición ha suscitado críticas por su falta de pluralidad y su poco nivel académico, ya que no cuenta con un solo catedrático en ejercicio de Derecho Penal o de Derecho Internacional Público. Todos sus miembros tienen alguna vinculación o, al menos, una buena relación, con la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR). Hasta cuenta con un abogado cuyo único mérito, según especialistas en justicia universal consultados por este diario, es ser asesor en ella. Según Justicia, Manuel Miguel Vergara es profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa y colabora con el Tribunal Penal Internacional.

Esta circunstancia fue aprovechada ayer por el PP para interpelar a la ministra, a la que acusó de designarlos «más para dar cauce a vendettas que para mejorar la justicia» y apuntar al exjuez Garzón, amigo de Delgado.