Irene Montero tuvo que enfrentarse este jueves a las dos primeras polémicas tras su toma de posesión como ministra de Igualdad. En primer lugar, Alba González, hasta ahora concejala en el Ayuntamiento de Gijón, difundió su renuncia a ser la nueva directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, a propuesta de Montero, después de las reticencias mostradas por algunos colectivos racializados a ser representados por una persona blanca, en lugar de pertenecer a alguna de las etnias a las que defenderá. González será sustituida por Rita Bosaho, la primera diputada negra de la historia, que logró su escaño en el 2015 por Podemos y ha sido parlamentaria dos legislaturas.
Montero y González, que finalmente será asesora de la ministra, explicaron que su intención era incorporar a la dirección general cuestionada contenidos más amplios de los interpretados, como la redistribución económica, la paridad y otros aspectos pero como el feminismo es la representación y lo simbólico importa, ante las críticas, han decidido dar un paso atrás y que el cargo lo ocupe Bosaho. Hemos visto que podía molestar y de sabios es rectificar, admitió Montero en una entrevista en La Sexta.
AUSENCIA A UN ACTO
La segunda polémica a la que tuvo que dar respuesta Montero hace referencia a su ausencia a un acto presidido por la Reina contra la violencia machista, al que asistió el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa. Montero consideró esta controversia como innecesaria dado que la agenda de dicho evento se decidió mucho antes de que existiera el ministerio de Igualdad. En su defensa, Montero obvió que Carmen Calvo también era Ministra de Igualdad en la pasada legislatura, pero efectivamente los actos con la Familia Real se deciden con mucho tiempo de antelación y quizá haya sido una decisión del Gobierno anterior que el actual no ha enmendado.
Por último, Montero, quien adelantó que ningún hombre ocupará cargo alguno de responsabilidad en su ministerio, confirmó que su prioridad en las primeras semanas en el cargo es aprobar una ley contra las violencias sexuales, que acabe con la distinción entre abuso y agresión en el Código Penal, similar a la que Podemos presentó en la oposición. Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, ya había adelantado que, para él, este cambio legal debe de ser una de las primeras medidas a adoptar por el Gobierno de coalición.
