Los chalecos amarillos han inutilizado el 75% de los más de 3.000 radares fijos distribuidos por las carreteras francesas desde que la revuelta se inició el 17 de noviembre del 2018. Una destrucción que ha empezado a pasar factura en forma de fallecidos. Según el Gobierno galo, esta devastación ha causado que las muertes por accidentes de tráfico se dispararan el pasado febrero un 17%, después de que subieran ya un 3,9% en enero. Toda una lección para quienes aún sostienen que los controles de velocidad tienen una finalidad recaudatoria.

El movimiento de protesta, que suscitó el apoyo de media Francia pero que ahora ha quedado en manos de la ultraderecha y la ultraizquierda, centró desde el primer momento parte de sus quejas en la reducción de la velocidad máxima en las carreteras convencionales de 90 a 80 kilómetros por hora (km/h), que Francia había aprobado el verano anterior. Y una de sus familias partidarias del vandalismo la emprendió con los radares.

A principios de marzo, el ministro del Interior, Christophe Castaner, informó a France Info de que «el 75% de los radares (...) fueron neutralizados, atacados, destruidos». Pese a que la magnitud de la protesta se ha reducido tras las rectificaciones y la operación de debate nacional llevada a cabo por el presidente Emmanuel Macron, la destrucción de radares «se ha convertido en un deporte amarillo» muy difícil de perseguir policialmente, según las autoridades francesas. Muchos aparecen quemados, otros rotos y algunos envueltos reiteradamente en chalecos amarillos o bolsas de basura.

Los datos obtenidos por los radares que han seguido operando o se han reparado son escalofriantes. Los excesos de velocidad se incrementaron un 268% en diciembre. Casi se triplicaron. La sensación de impunidad ha llevado a muchos conductores a «relajarse y pisar el acelerador en toda la red de carreteras», según el ministerio galo.

La cuestión es que la rebaja de los límites de 90 a 80 km/h implantada el julio anterior había tenido un impacto muy positivo. La mortalidad cayó el 10% y en el conjunto del 2018, más del 5% tras varios años de subidas, lo que fue calificado de «resultado histórico» por el Gobierno.

Ahora, el repunte de fallecidos de febrero ha sido del 17%, mientras el número de accidentes con víctimas ha crecido un 22%. La alta mortalidad ha afectado principalmente a peatones, ciclistas, jóvenes de 18 a 24 años y personas mayores de 65 años o más.

Según informa el periódico galo Les Échos, la pérdida de recaudación por las multas será enorme, unos 660 millones de euros (209 millones para el 2018 y 455 millones para el 2019). Casi el doble de lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) recauda al año en España por el mismo concepto. Hay que tener en cuenta que este organismo cuenta solo con 484 radares fijos frente a los 3.066 del país vecino, seis veces más. En ambos países, el importe recaudado por las multas se destina íntegramente a la mejora de la seguridad vial.