T odos los días al menos una mujer se ve obligada a dejar su puesto de trabajo por sufrir violencia machista, denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ayer presentó un proyecto para detectar posibles víctimas de maltrato en el ámbito laboral con el apoyo de delegados sindicales especializados. Según la secretaria de Igualdad del sindicato, Marian Mur, en cinco años se han computado 1.348 contratos de sustitución de mujeres víctimas de maltrato, «que solo son la punta del iceberg» de los miles de casos de trabajadoras que sufren maltrato y que no se visibilizan.

En este sentido, lamentó que no haya estadísticas de mujeres maltratadas en el ámbito laboral que ayudarían a visibilizar y actuar contra estas situaciones, ni de cuántas víctimas han tenido que pedir traslado de su centro de trabajo o reducir jornada por ese motivo.

«Mi jefa me despidió cuando le dije que mi novio me estaba vigilando y controlando cuando iba y volvía del trabajo», explicó Jessica Pagón. Ella ha conseguido rehacer su vida gracias al apoyo de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (AIVIG).

También lo ha logrado Sandra Moreno, que tuvo más suerte en su ámbito laboral, ya que sus compañeros de trabajo le abrieron los ojos para entender que sufría maltrato desde hace ocho años. «Llegaba tarde al trabajo, con ansiedad, y una compañera me dijo que preguntara en Mujeres 24 Horas para ver si era normal y no lo era». «El siguiente paso fue denunciar, pero debe ser con ayuda».

Sandra y Jessica son dos de las mujeres que protagonizan el vídeo Voces para la superación, donde siete víctimas de violencia de género ofrecen su testimonio a cara descubierta para que otras mujeres se sientan identificadas y se animen a dar el paso, denunciar y comenzar una nueva vida.

La asociación AIVIG -a la que acudieron estas dos mujeres-, el CSIF y la Confederación Española de Policía (CEP) suscribieron ayer un acuerdo para trabajar juntos para abordar la violencia machista en el ámbito laboral.

«Hay que preparar a las mujeres para dar el paso de la denuncia, porque si la ponen es para salir vivas de esa tortura», dijo Marina Marroquí, presidenta de AIVIG, quien explicó que una vez que se toma la decisión de dar el paso es fundamental que se encuentren «con un policía que sepa cómo tratarla y entenderla».

Desde el CEP, Ingrid Pérez reclamó más recursos económicos y más personal para las unidades policiales de familia y mujer.