Los municipios no están de acuerdo. Discrepan del Gobierno a la hora de valorar la partida de los presupuestos generales del Estado contra la lacra de la violencia machista y exigen no solo que se aumente sino que se les conceda mayor autonomía para ser más efectivos. Reunidos en Madrid en los últimos dos días, 40 ciudades han reclamado más competencias y financiación en un foro organizado por el consistorio de la capital española.

La encargada de explicitarlo fue la anfitriona del encuentro, la delegada de Políticas de Género y Diversidad de Madrid, Celia Mayer, que exigió que el Ejecutivo del PP cumpla sus compromisos y financie el Pacto con 200 millones de euros como prometió y no con 80 como ha presupuestado, pidiendo el resto a las comunidades autónomas (100 millones) y a la administración local (20 millones).

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

Para Mayer, el menor presupuesto es «terriblemente grave» y los 80 millones suponen una cifra «irrisoria» que, en su opinión, muestra un «problema de voluntad política en el Gobierno de España» y deja en la «precariedad absoluta» a los ayuntamientos, que no podrán «prestar la atención integral» que se merecen las mujeres.

La ministra competente, responsable de la cartera de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró esta semana que estaba convencida de que el resto de administraciones aportarían su parte. No obstante, los 40 municipios, entre ellos Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla, y Valencia, han pedido más autonomía para luchar contra la violencia machista y que se cree la comisión de seguimiento del pacto estatal.

El Foro de Municipios por el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género reclamó como municipal esta competencia para lo que es preciso «una reforma urgente de la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)».

Además se exige la «creación inmediata» de la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto y se propone alcanzar un acuerdo de «estándares mínimos de servicios de respuesta a la violencia» para que una una mujer, viva donde viva, «tenga garantizados sus derechos tanto en disponibilidad de recursos como en calidad y accesibilidad». Estos municipios, que elaborarán un manifiesto, también piden que el personal encargado de atender los recursos contra la violencia no sea precario sino «suficiente y estable».

EL 0,02% DE LOS PRESUPUESTOS

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han calculado que los 80 millones de euros que finalmente el Gobierno central prevé aportar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género vía presupuestos representa únicamente un 0,02% de los PEG.

La alcaldesa de Salobreña, Eugenia Rufino (PSOE), por su parte, recordó que para sentarse a negociar el Pacto de Estado se pusieron sobre la mesa dos premisas innegociables, la financiación y la recuperación de competencias, recortadas para los municipios con la Ley de Sostenibilidad del 2012. «En materia de igualdad son muchos los ayuntamientos que están prestando esos servicios casi en un tono de insumisión, asumiendo competencias que no le son propias y para las que no tienen financiación», indicó Rufino.