Mañana finaliza el plazo de un mes que el Gobierno concedió a la Región de Murcia para que retirar el veto parental (conocido como 'pin parental'), una medida promovida por Vox e implantada a principios de curso en esta comunidad, gobernada por PP y Ciudadanos. Sin embargo, la consejería de Educación y Cultura ha reiterado que no atenderá el requerimiento del ministerio de Educación y Formación Profesional.
La ministra Isabel Celaá ha repetido durante los últimos días que si Murcia no da su brazo a torcer, su departamento solicitará en los tribunales la suspensión cautelar del veto, mecanismo que permite a los padres tener información previa de los talleres y charlas (no confundir con extraescolares) incluidas en el horario escolar e impartidas por personal ajeno al centro. Su contenido abarca muchos temas. Por ejemplo, la seguridad vial, el acoso escolar o la conviviencia pacífica entre personas con diferentes opciones sexuales.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
El Ministerio esperará al martes para que sus servicios jurídicos preparen el recurso, que se presentaría "en pocos días" ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la vía contencioso administrativa, señalan fuentes del departamento a Europa Press.
"No se está litigando con Murcia, el ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación", añaden estas fuentes, en la misma línea del discurso defendido por Celaá desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".
