El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamará al Gobierno más tiempo para redactar un nuevo informe que, tras el rechazo al elaborado por Montserrat Comas, será realizado por el vocal conservador José Luis Requero. El Gobierno, sin embargo, no está dispuesto a dar más tiempo a este órgano jurídico. Eso supondría no cumplir el plazo apalabrado por el Ejecutivo, que se comprometió a que la primera ley de la legislatura sería la destinada a la violencia doméstica.

Si al final el Gobierno no amplía dicho plazo, Requero estaría igualmente obligado a redactar un informe y a presentarlo antes del 25 de junio, día en el que el proyecto de ley tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros. El informe es preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno. Es decir, el Ejecutivo podría hacer caso omiso del mismo.

Al igual que el CGPJ, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Estado y el Consejo Escolar del Estado también deberán pronunciarse sobre la idoneidad de la ley elaborada por el Gobierno. Tras el trámite en el Congreso y en el Senado, la norma entrará en vigor a finales de año.

La Fiscalía General del Estado estudió ayer el proyecto de ley y aplaudió uno de sus puntos: la creación de una fiscalía especial, así como la de secciones específicas en cada una de las fiscalías.