El Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ha reactivado una larga batalla judicial para mantener con vida a Vincent Lambert, un enfermero psiquiátrico de 42 años que, a raíz de un grave accidente de tráfico, lleva 10 años en estado vegetativo. La instancia de la ONU ha pedido a Francia mantener los cuidados del paciente mientras analiza el fondo del asunto.
El Estado francés dispone de seis meses para presentar sus alegaciones, aunque la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, dejó ayer claro que no está obligado a acatar esa petición. «Este comité no nos obliga legalmente, pero por supuesto tomamos nota de lo que dice la ONU y responderemos», dijo en BFMTV.
Además de encarnar el debate sobre la muerte digna, la situación de Lambert divide profundamente a su familia. Su esposa y tutora legal, así como un sobrino y algunos de sus hermanos, quieren que el hospital de Reims en el que está ingresado deje de prolongarle la vida artificialmente. En cambio, sus padres, un hermanastro y una hermana, fervientes católicos tradicionalistas, se oponen firmemente y han recurrido todas y cada una de las decisiones legales que permiten a los médicos desconectar al paciente.
El Consejo de Estado francés avaló a finales de abril el protocolo para dejar de alimentar a Lambert y el pasado 1 de mayo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó el recurso presentado por los padres en contra de esta decisión.
No había pues ninguna traba legal para terminar con lo que los familiares partidarios de desconectarle consideran un «encarnizamiento terapéutico». Pero los padres acudieron a la ONU y la recomendación del citado comité puede retrasar de nuevo la desconexión. «Es una gran satisfacción», señaló el abogado de la familia.
