El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas afirma que España «segrega» y «excluye» a los alumnos con discapacidad, principalmente intelectual, en el sistema educativo general y advierte de las «graves violaciones sistemáticas» del derecho a la educación de este colectivo.
Esta es la conclusión del informe de la ONU, tras examinar in situ el caso de España, en una investigación confidencial realizada en 2017. Si bien indica que las cifras oficiales reflejan un alto porcentaje de alumnos con discapacidad matriculados en el sistema ordinario, también subraya que dentro de este se produce la exclusión.
Para este organismo, el Estado español vulnera el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación al mantener estructuras y dispositivos «discriminatorios y segregadores», incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España hace más de una década.
En concreto, el comité observa que «no existe una noción clara de lo que es el interés superior del niño» en materia de educación inclusiva y apunta que la justificación médica de la discapacidad es la más común, de manera que las administraciones educativas siguen considerando que este interés superior del menor con discapacidad es acceder a una «educación especializada en centros especiales».
El informe apunta que no se toma en cuenta al niño como sujeto de derecho ni se tiene en consideración su opinión.
El comité requiere la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad en centros especiales y plantea que los recursos que se destinan a estos se transfieran al sistema ordinario para posibilitar a los alumnos con dificultades de aprendizaje los apoyos necesarios.
