La lluvia de reproches por parte de los grupos de la oposición, sindicatos y oenegés contra la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de restringir la asistencia sanitaria a los españoles emigrantes vinculando el "derecho a la asistencia sanitaria" al hecho de "residir en España" no se ha hecho esperar.

"Es una barbaridad y una medida injusta, dentro de la línea del Ejecutivo de acabar con la sanidad universal e imponer la de la Seguridad Social por el decreto 16/2012", coincidieron los portavoces parlamentarios de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, y de CiU, Conxita Tarruella. El primero anunció que ha pedido la comparencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que explique la medida y que, al menos, la rectifique mediante una "corrección de errores", como hace dos años. Por su parte, CiU ha hecho una pregunta sobre posibles afectados y una proposición no de ley para eliminarla.

Las restricciones, según lo que publica el BOE, se refieren a "todas las personas que salgan de España más de 90 días", interpretó rotundo Martínez Olmos. Esto se traducirá en que a quien supere este periodo fuera, cuando vuelva a España por unos días de vacaciones, por ejemplo, le dirán que no tiene derecho a la asistencia, salvo que vuelva a solicitar la tarjeta a la Seguridad Social, pague las prestaciones o, si trabaja en una empresa extranjera, pida que la factura se cargue al sistema de aquel país.

DOBLE CASTIGO "Si el Gobierno no quiere que pase eso, que lo reglamente y lo deje claro", apostilló Olmos, al tiempo que subrayó que supondrá un "doble castigo" para los jóvenes que salen fuera a buscar trabajo. El Ministerio de Empleo aseguró ayer que tanto el colectivo estudiantil como los turistas no se verán afectados. Pero esta excepción u otras "no están recogidas ni clarificadas en la disposición del Gobierno", advirtió Tarruella.

También el diputado del PP Ruben Marino, aseguró ayer que los estudiantes que estén fuera o los turistas no se verán afectados. "Nos sirve lo que se publica en el BOE y lo publicado permite interpretar que se refiere a todas las personas que salen de España más de 90 días", sentenció Martínez Olmos.

También sostuvo un portavoz del departamento de Fátima Báñez que "nadie se queda sin cobertura sanitaria en el país de destino porque la normativa europea viene a decir que este debe costearla". "Es un tema de ahorro para el sistema español y no de desproteger a la gente", apostilló. Martínez Olmos insistió en que ahora se puede utilizar en toda la UE la tarjeta sanitaria española y ser atendido como español.

UGT calificó el recorte de "incomprensible", sobre todo para los jóvenes que buscan empleo fuera, y advirtió de que la pérdida de condición de asegurado también implica a los familiares del emigrante. Alejandra Calvo, portavoz de la Plataforma yo sí sanidad universal, consideró que es una vuelta de tuerca más al cambio de modelo y la eliminación del derecho a atención sanitaria universal. "Si Mato sigue así, acabaremos como Grecia, donde si no has cotizado el año anterior no tienes derecho".