Jessica, la mujer que fue acribillada por su expareja el miércoles en Elda, ha fallecido tras permanecer un día en muerte cerebral. Antes de su fallecimiento diferentes representantes públicos coincidían en la necesidad de revisar los protocolos de actuación tras las denuncias de mujeres. Porque de las 43 que ya han muerto en el 2017, ocho, el 18%, habían acudido a las autoridades. Este último caso de violencia machista es especialmente paradigmático porque existían cuatro denuncias y diversas medidas cautelares en marcha. De hecho, ayer mismo, el agresor, que se suicidó tras acribillar a la mujer en la puerta del colegio Santo Negro en presencia de su hijo, otros niños y numerosos padres y profesores, debía haber sido sometido a un juicio por la última de esas denuncias.
Las principales dudas ahora son si se activó alguna medida de protección policial tras el aviso del juzgado y en caso afirmativo, por qué no funcionó, y si se le podía enviar a prisión tras ser detenido este martes. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la primera denuncia fue en el 2014 pero en el juicio la víctima se negó a declarar y el agresor fue absuelto. Dos años después sí que fue condenado por un delito de lesiones pero al reconocer los hechos se benefició de la reducción de la pena, por lo que fue condenado a ocho meses de alejamiento. La tercera denuncia se produjo este 2 de noviembre por amenazas y el juzgado dictó como medida cautelar hasta que se celebrara el juicio ayer una orden de alejamiento de 300 metros y de comunicaciones.
Según recordó el TSJCV, ni la fiscalía ni la víctima pidieron otras medidas y el magistrado ordenó comunicarlas a las fuerzas de seguridad así como a las diferentes administraciones públicas competentes. El caso es que dos días después, el agresor quebrantó la orden al llamar a la víctima a través de terceros, por lo que, tras una cuarta denuncia, fue detenido el martes, pero el juzgado de guardia lo puso en libertad porque no hubo nuevas amenazas, aunque quedó como investigado por un posible delito de quebrantamiento de una medida cautelar.
Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, admitió que este caso obliga a hacer «una reflexión colectiva y pensar qué podemos hacer mejor para que no se repita».
Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad, anunció también que se van a revisar los hechos dentro del reciente Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista para comprobar «qué protocolos probablemente se tengan que mejorar o ver dónde está el fallo para que no se repita».
Desde la andaluza Fundación Ana Bella, que atiende a una media de 1.200 mujeres al año, la trabajadora social Carmen Rodríguez recordó que las víctimas pueden pedir que se le imponga al maltratador una pulsera «que en el caso de que se acerque a la víctima, permita que se le avise para que vaya a un lugar seguro». Rodríguez destacó la eficacia de la medida aunque «obliga a una mujer a estar controlada 24 horas al día por GPS». Además, reconoce que recibir continuos avisos de la presencia del agresor genera «un grado de ansiedad». «Es muy bueno pero debes valorar hasta qué punto de tu vida estás dispuesta a entregar», señaló.
