El pleno del Congreso dará hoy luz verde al llamado pacto contra la violencia machista, que incluye más de 200 medidas que el Gobierno deberá implementar para mejorar la lucha contra el maltrato a las mujeres. El acuerdo llega en un contexto infausto, porque se ha producido un repunte del número de víctimas mortales, pese a los esfuerzos que desde hace años realizan las administraciones y la sociedad civil. En lo que llevamos del 2017 han fallecido 37 mujeres a manos de sus parejas o exparejas (a las que podría haber que sumar tres casos en investigación), cinco más que en el 2016 y una más que en el 2015. El Gobierno y los partidos han trabajado durante meses para que el pacto fuera unánime. Pero Podemos prevé abstenerse y demostrar así que, a su juicio, la filosofía y las medidas acordadas son «insuficientes».
El partido morado ya se abstuvo cuando el texto fue aprobado en julio en la comisión de Igualdad, y hoy presentará varios votos particulares y una enmienda a la totalidad que, muy probablemente, será tumbada. Si es así, salvo sorpresa de última hora, los de Pablo Iglesias se quedarán fuera de la foto de la unidad.
La portavoz morada en esta materia, Ángela Rodríguez, explica que a su grupo le parece «bien» la aprobación de 200 medidas para mejorar la lucha contra esta lacra, pero considera que el pacto podría haber sido «más amplio e incluir más garantías» de su cumplimiento.
INVERSIÓN / Incluye, por ejemplo, un compromiso de inversión de 1.000 millones de euros en cinco años, a repartir entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos. Pero Podemos cree que, salvo las medidas a financiar con los Presupuestos del Estado, el resto se «quedarán en un brindis al sol» dado que será muy difícil su seguimiento.
Sin ir más lejos, Rodríguez señala que para el 2018 el Ejecutivo prevé prorrogar los Presupuestos del 2017, con lo que, según se teme, no se incluirán los 200 millones extraordinarios comprometidos en el pacto. El PSOE difiere del análisis y considera que aunque ahora se prorroguen las cuentas, por la dificultad de sumar al PNV en plena crisis con Cataluña, en unos meses el Gobierno está obligado a cumplir lo acordado.
Los socialistas también presentarán 12 votos particulares, más uno pactado con el resto de grupos por el que se considerará víctimas de la violencia machista a las mujeres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas, bajo la previsión de que, en muchos casos, las agresiones vienen motivadas para hacer daño a la madre.
DOS MESES / Además, el PSOE «tiene la esperanza» de que el PP apoye su petición para eliminar la llamada dispensa al deber de declarar de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite que las mujeres con miedo no continúen con sus denuncias acogiéndose a la razón de parentesco. En opinión de su portavoz, Ángeles Álvarez, hay un «clamor» en las asociaciones feministas y expertos para que se elimine en estos casos para evitar la impunidad.
Se incorporen o no los votos particulares, el Gobierno tendrá a partir de hoy dos meses para implementar las medidas incluidas en el acuerdo. Entre ellas se amplía la definición de violencia de género a todos los tipos de maltrato sobre la mujer contenidos en el Convenio de Estambul -matrimonios forzados, trata de personas o violencia sexual-, si bien se relega cómo mejorar la respuesta a estas agresiones a la aprobación de planes y leyes posteriores, otro motivo que origina la abstención de Podemos.
También se incluye que los ayuntamientos recuperen las competencias en violencia machista y que se articulen unidades de apoyo local para ayudar a identificar posibles casos.
