Hasta en ocho ocasiones ha impedido el PP debatir en el Congreso la nueva contrarreforma del aborto que devuelve a las catacumbas de la ciudadanía a las mujeres", les contó ayer a sus colegas europeos la socialista María Muñiz. Ayer, sin embargo, el partido en el Gobierno de España no pudo impedir que se hablara de la ley Gallardón en el pleno del Parlamento Europeo. Fue un debate áspero, con continuas interrupciones y muchos rifirrafes, en el que el Partido Popular Europeo (PPE) y la ultraderecha se atrincheraron en el argumento de que la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo no compete a las instituciones europeas. La mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara, en cambio, reprobaron el proyecto de ley por entender que viola los derechos de la mujer.
"Algunos deseaban que este debate no tuviera lugar. Plantean un problema de competencia pero Europa no puede permanecer impasible mientras el Gobierno del señor Rajoy pretende acabar con décadas de lucha por los derechos de las mujeres", desafió la socialista Iratxe García, la primera en tomar la palabra de los ocho eurodiputados españoles que intervinieron en el debate.
HIPOCRESÍA
"¿Por qué podemos hablar de obesidad, de alhzéimer o de cáncer de colon pero no podemos hablar de cuestiones que nos afectan diariamente?", denunciaba minutos después la liberal holandesa Sophie in't Veld. "El PPE es hipócrita y aplica un doble rasero porque esta cámara aprueba muchas resoluciones sobre las que no tiene competencias", les recordó a los populares ante la tromba de quejas de la bancada conservadora, reacia a entrar en el debate por considerar la cuestión competencia estatal. "Lo que estamos comprobando aquí es que pretenden saltarse las reglas del juego que democráticamente nos hemos dado", recriminó a los grupos de centro e izquierda una "sorprendida" Teresa Jiménez Becerril, la única eurodiputada del PP en tomar la palabra, en lo que es una muestra del perfil bajo que optó por mantener el grupo español. De hecho, durante su intervención también evitó entrar en el meollo de la ley española y, más allá de criticar que ningún eurodiputado tuviera "una sola palabra a favor de los no nacidos", no respondió a ninguna acusación.
DURAS CRÍTICAS
Y fueron muchas. "La base ideológica de la contrarreforma concibe a las mujeres como sujetos sin derechos, que hay que tutelar, y deja su voluntad relegada por una supuesta defensa de los derechos del concebido. Este fundamentalismo misógino nos devuelve a los tiempos en los que el aborto era privilegio de las clases altas ejerciendo así discriminación por razones económicas que llevará a las mujeres a abortos clandestinos", alertó Raúl Romeva, de Iniciativa per Cataluña, en una de las intervenciones más duras. Izaskun Bilbao (PNV) pidió "normas comunes" que garanticen los mismos derechos a todas las mujeres mientras que el representante de IU, Willy Meyer, apremió a sus colegas a sumar su nombre a la campaña de firmas lanzada desde su grupo para reabrir el debate y evitar que "el patriarcado fundamentalista y ultracatólico del Gobierno de España" impulse "un retroceso sin precedentes en los derechos de la mujer".
Aunque ya han recogido 174 firmas de europarlamentarios, que demuestran que existe preocupación entre los Veintiocho, la Comisión Europea dejó claro que el margen de maniobra es limitado. "De acuerdo con el Tratado, la Unión Europea no tiene competencias sobre la política del aborto y no puede intervenir en las políticas de los estados en estas áreas", explicó el comisario de transportes, Siim Kallas, responsable de presentar ayer la postura del Ejecutivo comunitario. Kallas zanjó la situación: "La Comisión está entre los que se oponen a toda discriminación".
