+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico de Aragón:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

PATRIMONIO MUNDIAL EN PELIGRO

El Parlamento Europeo reclama nuevos informes sobre el gaseoducto de Doñana

La misión que vistió el humedal en septiembre considera necesario hacer una evaluación conjunta de las cuatro fases del proyecto. En el borrador previo reclama además a las autoridades que apliquen el principio de "precaución" para preservar "un ecosistema único"

 

Aves en uno de los humedales del parque nacional de Doñana. - CSIC / VICTORIA MUÑOZ

JULIA CAMACHO
11/02/2019

La UE parece tener claro que no dejará que nada amenace el parque nacional de Doñana, uno de los humedales más completos de Europa y un ecosistema único que es zona de paso obligada en la ruta migratoria de millones de aves que a punto estuvo de entrar en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro hace dos años.

Los europarlamentarios que el pasado mes de septiembre visitaron el parque para conocer de primera mano los riesgos sobre el parque se han mostrado tajantes respecto al proyecto de construir un gaseoducto y almacén de gas en las tripas del parque y reclaman a las autoridades un “estudio conjunto” de los riesgos de las cuatro fases en la que se dividió el proyecto para agilizar su tramitación, así como “una evaluación sísmica” global.

Organizaciones ecologistas y partidos políticos como Adelante Andalucía, la confluencia entre Podemos e IU, llevan tiempo alertando sobre el controvertido proyecto de un gaseoducto de Naturgy (la antigua Gas Natural) ubicado a tan solo 200 metros del parque natural y a dos kilómetros del parque nacional, que además de conducir el gas pretende almacenarlo en viejas bolsas del subsuelo, inyectándolo del exterior con el riesgo de movimientos sísmicos al estilo de los que provocó la plataforma de El Castor. Unas denuncias a las que se acabó sumando el PSOE, asegurando que el gaseoducto no se construiría bajo su mandato y amenazando con pararlo en los tribunales.

Las críticas arreciaron tras conocerse que sendos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geológico Minero arrojaban dudas sobre el proyecto privado al apuntar la “peligrosidad” y el “riesgo sísmico y de inundaciones”, que había sido infravalorado al realizarse respecto a cada fase del proyecto y no en su totalidad. Esto se debe a que el proyecto inicial fue troceado en cuatro partes para agilizar los permisos. Todos ellos cuentan con una declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Gobierno central, aunque para iniciar las obras necesitan además una autorización de la Junta de Andalucía, que solo dio el visto bueno a una de las partes, Marismas Occidental, alegando que ir contra el permiso del ejecutivo central hubiera sido prevaricar.

Ahora, tras la visita de los europarlamentarios, son éstos quienes plantean la necesidad de que las autoridades responsables del proyecto “realicen una evaluación complementaria y combinada de los cuatro subproyectos”, denominados Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, “que incluya también una evaluación sísmica”.

EL TEXTO DEFINITIVO, EN MARZO

El documento es aún un informe preliminar, que deberá debatirse en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo el próximo día 20 de febrero. El texto definitivo se aprobará a mediados de marzo, estiman fuentes parlamentarias, una vez concluya el periodo de alegaciones y enmiendas. No obstante, el texto da la razón a los conservacionistas y el ejecutivo andaluz, por cuanto reclama un “análisis necesario de los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto en su conjunto”. Y concluye con la petición a las autoridades para que “apliquen el principio de precaución” a fin de “preservar este ecosistema único”, apuntando también la “necesidad de explorar medidas que respeten el procedimiento legal y brinden la máxima seguridad jurídica y garantías para las partes involucradas”. No en vano, la empresa tiene abierta una reclamación por responsabilidad patrimonial de 359 millones de euros contra la Junta de Andalucía por la paralización de los subproyectos en 2014.

El borrador recopila todas las reuniones que llevaron a cabo con la administración y diversas organizaciones ecologistas y empresariales, quienes les trasladaron esas dudas sobre los estudios de riesgo incompletos o desmintieron las amenazas. Los europarlamentarios hacen mención en este sentido al problema del agua, y tal y como consta en la demanda planteada por la UE ante el Tribunal de Justicia Europeo contra España, reclaman que se vigile de cerca la situación del parque y se ponga en marcha “un plan de acción integral para la recuperación del acuífero, para cerrar los pozos ilegales y para detener de inmediato la extracción de agua existente y la extracción ilegal”.