El pederasta Joaquim Benítez espera en libertad la orden que le meterá definitivamente en prisión para comenzar a cumplir la condena de 21 años y 9 meses de cárcel que le impuso el lunes la Audiencia de Barcelona. Socialmente no ha resultado fácil de comprender que siga todavía en la calle un hombre ya condenado por delitos tan alarmantes como abusar sexualmente de cuatro menores. Cuatro alumnos del colegio de Sants-Les Corts a los que el que fuera su profesor de gimnasia acorraló en su despacho, cerrando la puerta por dentro, y a los que provocó secuelas todavía latentes que deberán ser indemnizadas por parte de la compañía aseguradora del colegio con 120.000 euros.
La fiscalía y los abogados de las cuatro víctimas solicitaron ayer formalmente que el ingreso de Benítez en la cárcel se lleve a cabo sin más dilación. En una entrevista telefónica con el Periódico de Catalunya, el exprofesor de educación física asegura que, tarde lo que tarde en llegar la resolución que lo encierre en una celda, no piensa fugarse: «Doy mi palabra de que cumpliré con mi condena».
«QUIERO PAGAR»
«Hace ocho años que me marché del colegio [en el 2011 Benítez dejó el centro de Sants-Les Corts después de confesar que había abusado de un alumno] y si hubiera querido escaparme ya lo habría hecho. Desde el 2016, tengo que firmar semanalmente en un juzgado y no he fallado nunca. He vivido una transformación interior completa. Si ahora me escapara, tendría dos problemas. El primero sería con la policía y el segundo, conmigo. Me convertiría en un esclavo», razona. Además, insiste: «Aunque quisiera, no tengo ninguna capacidad para fugarme. Pero no quiero hacerlo. Lo que quiero es pagar, y pagaré ante la justicia».
La sentencia del tribunal de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona contra el exprofesor es la más severa que ha caído sobre un docente en Cataluña por pederastia. «Es correcta, lógica, es lo que pedían las víctimas y es lo que esperaba», asegura el procesado.
Benítez, que tiene más de 60 años, vive en Gerona desde hace un año y, según explica, sigue estando a cargo de su hermano, «que presenta una invalidez del 66%». «Mi mayor preocupación es quién se hará cargo de él cuando yo entre en prisión. Si no hubiera sido por mi hermano, habría solicitado yo mismo ingresar en un centro penitenciario antes».
El pederasta, que abusó sexualmente de una cifra desconocida de alumnos del colegio de Sants-Les Corts durante 31 años aunque solo ha sido juzgado por los cuatro delitos más recientes -el resto han prescrito-, se considera «preparado psicológicamente» para afrontar la cárcel.
Benítez, consciente de que la sentencia mantiene que existen «sospechas» pero no «certezas» sobre el encubrimiento de los Maristas, cree que la justicia no ha investigado debidamente cómo la orden religiosa ocultó su «debilidad». «Yo ya dije en el 2017 que los Maristas supieron que tenía este problema y hace un mes declaré lo mismo en la sala del juicio. Pero no han querido comprobarlo», lamenta.
EL ANTECEDENTE
En 1986, mantiene Benítez, él abusó de un menor en el colegio y el padre de este chico acudió dos días más tarde a revelar lo sucedido. El director del colegio ese año, el hermano Granja, el padre del alumno y Benítez se reunieron y el profesor admitió los hechos. Granja le hizo ver que aquello estaba mal y Benítez intuyó que tras el verano acabaría siendo expulsado.
En septiembre de ese año, sin embargo, el hermano Lluís Serra, que entonces ejercía una labor de coordinación entre los colegios catalanes, le advirtió de que «aquello» no podía volver a suceder y le puso al corriente de que el provincial -máxima autoridad en los colegios de la región del Hermitage- meditaba una sanción de tres meses sin sueldo. Pero esta no llegó a ejecutarse. Por eso, razonó Benítez en el juicio, nunca tuvo miedo de ser descubierto en el colegio durante las tres décadas en las que abusó. «Porque me sentía amparado por los Maristas», concluyó en la sala de vistas.
«Yo soy el cabeza de turco del caso Maristas. Y ya he explicado varias veces que los Maristas lo sabían y que lo ocultaron. No puedo hacer nada más», insiste. La sentencia sostiene que no se puede atribuir a la congregación religiosa la «producción voluntaria del daño», sino una «conducta imprudente» por la «falta de control» de las acciones.
