«Las víctimas de tráfico están desde ahora más protegidas y los que conducen el volante borrachos o drogados mucho más amenazados». Ese fue el mensaje casi unánime oído en el pleno del Senado que aprobó ayer definitivamente por 222 votos a favor y 17 en contra el endurecimiento del Código Penal de tráfico. Una reforma que eleva las penas de cárcel hasta los 9 años para los casos más graves y crea el delito de abandono del lugar del accidente. Mañana entrará en vigor una vez se publique en el BOE. La votación favorable fue recibida con una alegría y unos aplausos (prohibidos por cierto para el público) que no se veían desde hace mucho tiempo en ninguna de las dos cámaras parlamentarias. La treintena de víctimas de accidentes y sus familiares que acudieron a la cámara de la plaza de la Marina Española hace mucho tiempo que no sonreían así. No era para menos. Como apuntó uno de los senadores, la reforma debería bautizarse la ley Anna González, la viuda de un ciclista que hace tres años emprendió la campaña #PorUnaLeyJusta con la recogida de más 250.000 firmas y el apoyo de todo el colectivo ciclista, con los excampeones Perico Delgado y Alberto Contador en el pelotón de cabeza.

Tres años durante los que han tenido que pedalear más cuesta arriba que en el Tourmalet. Subidas sobre todo en forma promesas incumplidas de políticos del todo el arco parlamentario. Al final, la carrera de fondo se había convertido ya en una contrarreloj. Si el Senado tocaba ni siquiera una coma del texto remitido por el Congreso todo se venía abajo como un castillo de naipes por el adelanto electoral. La reforma debía volver a la Cámara Baja y no daba tiempo de votarla antes de la disolución de las Cortes. La proposición de ley decaía y habría que empezar de cero, si acaso, en la próxima legislatura.

Aunque conocían esta situación, Unidos Podemos, que fue el único grupo que votó en contra en el Congreso, mantuvo sus enmiendas y su rechazo en el Senado. Fue el único grupo que se desmarcó de la unanimidad, junto al senador de Vox, Antonio Alcaraz, que ni siquiera emitió su voto, pese a estar presente en su escaño. En materia de tráfico se revierte la reforma Catalá por la que el PP eliminó en el 2015 las faltas del Código Penal. Desde entonces, el 90% de los accidentes de tráfico se habían derivado a la legislación civil, donde los heridos y familiares de fallecidos se enfrentan solos a las aseguradoras, sin el apoyo de un fiscal, un perito judicial o de un abogado de oficio tienen la batalla perdida. El otro gran paquete de la ley afecta a la conducción bajo los efectos de las «drogas o del alcohol», que «quedan definitivamente fuera de la carretera», en palabras del senador de Ciudadanos Tomás Marcos.

Si se provoca un accidente mortal habiendo consumido estupefacientes o una dosis delictiva de alcohol la pena será de 2 a 4 años y la máxima podrá alcanzar los nueve años si hay «muchos» fallecidos.

EL QUE SE FUGA, LA PAGA

«El que se fuga la paga», también en palabras de Tomás Marcos. Quizás sea el artículo más simbólico de la reforma, el que penaliza con hasta cuatro años el «abandono del lugar del accidente». Es lo primero que hizo reaccionar a Anna González. Esta empezó a idear su campaña cuando el juez no imputó ningún delito al camionero que dejó tirado en la cuneta a Óscar, su marido, porque la autopsia demostraba que cuando el conductor huyó del lugar del accidente, la víctima ya había muerto. No se le podía acusar de omisión del deber de socorro.