La consejera de Educación, Mayte Pérez, ha anunciado hoy que su Departamento va a poner en marcha la campaña "Escuela con a" para invitar a los centros educativos, dentro del respeto a su autonomía, a cambiar sus nombres y que adopten los de mujeres aragonesas y españolas famosas.
La consejera ha explicado que solo 15 centros de los 168 que tienen el nombre de una persona lo tienen de mujer, es decir, el 8 por ciento, y por eso se ha pensado en esta campaña, que irá acompañada de unas guías didácticas, con algunas propuestas acerca de mujeres que "han hecho historia" y que, por tanto, deben de ser reconocidas.
En el transcurso de un debate con la diputada de Podemos Erika Sanz en el Pleno de las Cortes, Pérez ha detallado algunas de las medidas que pretende poner en marcha el Gobierno para dar visibilidad a las mujeres y lograr la efectiva igualdad.
Entre ellas, exigir a los centros un plan de convivencia y un plan de igualdad, y en la nueva convocatoria de equipos directivos, se preguntará a los candidatos cómo pretenden abordar la igualdad y la lucha contra la violencia machista en los centros.
En cuanto al currículo, y en el ámbito de las competencias del Ejecutivo autonómico, se han introducido contenidos relacionados con el papel de las mujeres a lo largo de la historia, incluido el periodo de la Dictadura en el que estas sufrieron un retroceso basado en cuestiones religiosas.
Y se han planteado líneas estratégicas, ha dicho Pérez, para corregir la excesiva feminización o masculinización de determinadas ramas de la Formación Profesional.
En principio, Sanz se había interesado por la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la comunidad autónoma a sufragar el concierto de dos colegios zaragozanos vinculados al Opus que segregan por sexos, correspondientes a los cursos 2014-2015 y 2015-2016, que Pérez ha estimado que supondrá un desembolso al departamento de "al menos tres millones de euros".
Los colegios Montearagón y Sansueña ya han pedido la ejecución de la sentencia y el pago va a tener que hacerse a las familias, por lo general con un elevado poder adquisitivo en tanto en cuanto pueden desembolsar mensualmente los entre 400 y 500 euros que cuesta la enseñanza en estos centros.
Para Pérez, esto supone un "despropósito", porque van a tener que ser "todos los aragoneses" quienes paguen esa educación "elitista" y que segrega por sexos, y porque con ese dinero tendrán que dejarse de hacer otras cosas, como por ejemplo ampliar el programa de gratuidad de los libros de texto.
Ha asegurado que la sentencia fue desfavorable a la comunidad porque el recurso que presentó el anterior Gobierno de Aragón PP-PAR contra la pretensión de estos centros estuvo "muy poco motivado".
Ahora, el actual Ejecutivo ha presentado un recurso que sí que lo está, pero Pérez no tiene la seguridad de que eso "vaya a ser suficiente", porque la Lomce permite concertar con colegios que segregan por sexos y, además, considera que hay que concertar cuando hay demanda social, por encima de las necesidades educativas que fija la administración.
En la misma línea, Sanz ha lamentado que la Lomce "avale la educación diferenciada", porque es una norma "sexista" redactada como una "reacción" contra el avance de las mujeres
