Hoy no es un día normal en la embajada española de Berlín. Congregados frente a este imponente edificio neoclásico ubicado en un rincón del Tiergarten, un grupo de personas hace cola ante a una furgoneta blanca. Están votando. Mosqueados por una situación que consideran injusta, este jueves el personal laboral de las oficinas diplomáticas se ha organizado para elegir un comité de empresa que represente sus derechos, el primero de una embajada.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Como explican, se reúnen en la calle porque el embajador se negó a ofrecerles un espacio para realizar la votación. En su lugar, el segundo mayor sindicato de Alemania, Ver.di, ofreció la furgoneta para poder llevar a cargo la acción. Aunque la embajada les ha asegurado que esa consulta no será en ningún caso reconocida, los trabajadores tratan de elegir a unos representantes para que negocien su complicada situación con el Ministerio de Exteriores español.

AÑOS DE ESPERA

En la embajada hay tres tipos de trabajadores: el cuerpo diplomático, los funcionarios y el personal contratado. En Berlín hay hasta 65 personas contratadas que desempeñan varias tareas, desde administración a la cocina. A diferencia de los otros trabajadores de la embajada, sus condiciones son cada vez peores. En 2008 se les congeló el sueldo, algo que apenas se ha modificado hasta ahora.

Su estatus es particular. Su contrato está sujeto a la legislación laboral alemana, que les permite elegir un comité, pero, por el otro lado, tributan a la seguridad social española. El sindicato Ver.di ha acusado a la embajada de no aplicar el derecho alemán, ni el español, condenando a los trabajadores a un espacio gris, un limbo jurídico que esperan que se resuleva desde hace 12 años. La embajada niega eso y señala que la representación sindical del personal contratado corresponde a las autoridades españolas. Sin embargo, este colectivo no ha tenido nunca representación alguna que les permita mejorar sus convenios colectivos. Su salario viene dictado por el ministerio.

Su situación, ya frágil, ha dado una vuelta de tuerca más con el reglamento europeo que exige que las personas que ejerzan una actividad profesional en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) están sujetas a la legislación laboral de ese sitio. Eso es, les obliga a adaptarse al régimen de Seguridad Social alemana, pagar sus impuestos en Alemania, algo que fija en mayo del 2020 como fecha límite de aplicación.

AMENAZA SALARIAL

Ese cambio, explican, es más trascendental de lo que puede parecer. Aunque sus contratos quedan acogidos al derecho laboral alemán, el personal contratado ha seguido cotizando todos estos años a la Seguridad Social española. Con el cambio al sistema alemán, con unas cotizaciones más altas, sufrirán un duro golpe para sus bolsillos. Según los sindicatos, el desequilibrio ocasionado por cobrar el mismo sueldo español y tributar más en Alemania les supondrá una pérdida de poder adquisitivo de entre el 15% y el 17%, alrededor de unos 400 euros.

Pero ese revés existencial también afectará a sus derechos de pensión. Por ejemplo, en España para cobrar la pensión máxima uno debe haber cotizado durante 37 años. Si esa persona pasa a cotizar en Alemania los años que trabaje en ese país no se sumarán a los otros ya trabajados en España, empezando así la cuenta desde cero e imposibilitando el acceso a esa pensión de jubilación.

Ese cúmulo de problemas es el que ha llevado al personal laboral a aliarse con un sindicato alemán para presionar y negociar un convenio colectivo amparado en el derecho laboral alemán que arregle su situación. De conseguirlo no estarían mejorando sus cuentas, sino manteniendo el mismo nivel que hasta ahora. Aunque este jueves se han plantado con una furgoneta frente a la embajada temen que su protesta pueda conllevar represalias. En apenas una hora la policía se ha acercado a los trabajadores en hasta dos ocasiones.

En un comunicado, Ver.di acusa a la embajada de excusarse en la inmunidad diplomática para violar los derechos de los trabajadores en su intento de impedirles crear un comité de empresa, algo que, remarcan, es indigno de un Estado de derecho. Por su lado, la embajada rechaza las acusaciones y mantiene que los trabajadores tienen sus derechos representados en los sindicatos españoles. Para la embajada la elección de este jueves es papel mojado. Para los trabajadores, un paso al frente. La clara falta de acuerdo apunta a que la disputa deberá resolverse en los tribunales.