El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado este martes ante el Defensor del Pueblo la inacción de las administración de las administraciones públicas ante la invasión anárquica de las aceras por parte de patinetes y otros elementos de movilidad urbana. Dicha organización advierte de las colisiones y atropellos protagonizados por los nuevos vehículos de movilidad urbana que no les permiten moverse con seguridad por las aceras.
Luis Cayo, presidente del CERMI, ha asegurado a EL PERIÓDICO que las quejas y denuncias, individuales y colectivas, se acumulan desde hace tiempo. Los primeros inconvenientes aparecieron cuando los carriles bici se dibujaron en las aceras, y no en las calzadas. Ese fue el primer gran factor perturbador y amenazante para los peatones vulnerables, recuerda Cayo, quien considera que la situación se ha agravado con los años por la proliferación de patinetes eléctricos, 'segways' y otros vehículos.
En la queja remitida a la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán, CERMI aseguran que la proliferación y mal uso de estos nuevos elementos de movilidad urbana ponen en riesgo la seguridad y comprometen la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad. La situación es insostenible, al menos en las grandes ciudades, sin cobertura normativa de ningún tipo, de modo anárquico y profundamente lesivo para las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales, subraya Cayo, quien lamenta el retroceso que supone el aumento de colisiones y atropellos registrados en las aceras. A las personas con discapacidad o limitaciones de movilidad continúa el presidente del CERMI- nos ha costado decenios recuperar las calles como espacio público, sin barreras, abierto y disponible.
La aparición de formas de movilidad agresivas, hostiles y hostigantes, según las palabras de Cayo, requieren una regulación muy clara. En este sentido, la plataforma, que representa a más de 8.000 asociaciones que defiende los derechos de unos 3,8 millones de personas con discapacidad, solicita la intervención del Defensor del Pueblo para que inste a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a que impulsen medidas de regulación de estos vehículos.
Regulación de ámbito estatal
El problema, sostiene el CERMI, no puede ser abordado desde los ayuntamientos solo algunos disponen de algunas normas mínimas-. Los consistorios, asegura Cayo, no saben por dónde tirar y mucho menos con elecciones municipales a la vuelta de la esquina. En este asunto son todos ultraliberales: dejar hacer, dejar pasar.
Antes de dirigirse al Defensor del Pueblo, Cayo asegura que han intentando convencer y persuadir a los diferentes actores involucrados en la gestión del espacio público y la movilidad porque prefieren ser colaborativos y plantear soluciones. Sin embargo, el silencio y el mirar a otra parte ha sido la tónica, lamenta Cayo. Considera que la DGT no quiere entrar en un asunto que cree que es polémico, que va contra la corriente general de la opinión favorable a la movilidad sostenible, aunque el organismo recientemente anunció que pondría orden al asunto de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) aprovechando la futura reforma de la ley de seguridad vial.
Los peatones "más frágiles"
Cayo espera de la denuncia presentada al Defensor del pueblo que se ponga de lado del más frágil, de los peatones y peatones vulnerables: personas mayores, con discapacidad y menores. La solución, continúa el presidente del CERMI, pasa por una regulación legal de ámbito estatal, aplicable en todo el territorio, que preserve las aceras para los peatones, como espacios de seguridad y comodidad, y que habilite itinerarios para las formas de movilidad sostenible.
