El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, lanzó ayer un compromiso arriesgado. Prometió en el Senado que el 1 de agosto estarán resueltos los casi 200.000 expedientes de inmigrantes cuya solicitud de renovación de sus permisos de trabajo y residencia permanecen atascados en oficinas de extranjería.
El atasco proviene de la falta de medios y de la voluntad política del anterior Gobierno. Los expedientes se han ido acumulando durante meses y han provocado que muchos de los afectados se hayan convertido en irregulares por culpa de la Administración. Para desatascarla, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de choque con la contratación de más de 300 funcionarios.
EL CONTINGENTE La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, anunció, también ayer, a las comunidades autónomas y municipios reunidos en el Consejo Superior de Inmigración la creación de unidades móviles de funcionarios que se desplazarán a los países de origen para controlar los procesos de selección y formación de los inmigrantes candidatos a trabajar en España en el marco del contingente anual. La medida se pondrá en marcha, como muy tarde, en el contingente correspondiente al próximo año.
Rumí anunció también que se revisarán algunos de los convenios de inmigración vigentes y se firmarán otros nuevos con el objetivo de convertir el contingente en una de las vías básicas de llegada de la inmigración regular. El consejo apenas abordó, sin embargo, el contenido del reglamento de extranjería. La secretaria de Estado se limitó a pedir a comunidades y ayuntamientos que envíen sus propuestas.
La senadora del PNV Elena Etxegoyen, que forzó las explicaciones de Caldera en el Senado, reconoció la "voluntad" del Gobierno de solucionar el problema, pero cuestionó que pueda garantizar un plazo, ya que, a su juicio, la situación no se resuelve "con iniciativas de oficina".
